Ls Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, que ha contado con el apoyo de toda la oposición excepto del PSOE y Unidas Podemos, para defender la “sagrada” independencia de la justicia frente al intento de “control” del Gobierno de Pedro Sánchez.

De esta forma, la cámara insta al Ejecutivo socialista y comunista a que retire las reformas del ministro Félix Bolaños, cese del “acoso” a los jueces y colabore con las investigaciones judiciales para atajar los casos de corrupción.

"El PP estará siempre con los jueces y fiscales y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", decía el popular Ricardo gavilanes, quien exigía respeto, colaboración y que se retiren las dos normas del Gobierno de Sánchez impulsadas por Bolaños que buscan controlar lo que no pueden dominar.

"Cuando uno gobierna no tiene que tener miedo a los jueces salvo que tenga que algo que esconder”, advertía Gavilanes, en declaraciones recogidas por Ical.

En su opinión, existe una “operación meticulosa y planificada” para atacar a los fiscales y jueces y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que se han atrevido a investigar el entorno del presidente -del Gobierno- y que han sacado a la luz contratos y “redes clientelares”.

“La libertad de los jueces les aterra”, le espetaba Ricardo Gavilanes a los socialistas; y además les recordaba que la independencia de la justicia es “innegociable”, para advertirles de que las Cortes no pueden mirar “hacia otro lado”, porque si se “derrumba la justicia, se derrumba la democracia”.

“Menos jueces Peinado y más jueces y fiscales formados”, contestaba la portavoz socialista Patricia Gómez Urbán, quien defendía la denominada ‘ley Bolaños’, contra la que, según decía, no se han movilizado todas las asociaciones de la justicia. Además, defendía que las reformas buscan universalizar el acceso a la judicatura, como aseguró se ha hecho con la sanidad y la educación, a través de un sistema de becas. También rechazó lecciones del PP sobre corrupción porque aseguró “saben y mucho” de ello.

El viceportavoz de Vox, Carlos Menéndez, por su parte, expresaba todo su apoyo a los jueces y fiscales frente a la “mafia socialista” y la “sed de control político” del Gobierno y su “capo” e insistió que la única salida es la moción de censura. “Sánchez es un corrupto, un indecente y un traidor”, sentenció y acusó al PP de salir al “rescate” del PSOE, porque no son su "alternativa", sino la “alternancia” y una “estafa”. En su opinión, cada vez que el PSOE tiene un problema, el PP sale "al rescate" porque actúan -dijo- como un “verdadero balón de oxígeno”.

La procuradora de Soria YA Vanessa García Macarrón alzaba la veo en defensa de jueces y fiscales y aseguró que “lo último” que puede hacer el Gobierno es desprestigiar su trabajo. A su juicio, no se puede aceptar que se hable de “guerra judicial” y consideraba que existe una “deriva” que debilita la independencia judicial a través de las reformas del ministro Bolaños, por lo que señaló que el país afronta una “batalla por la salud institucional”.

En nombre de Unidas Podemos, Pablo Fernández aseguraba que los dirigentes del PP tienen el “rostro de titanio” por su “hipocresía” cuando hablan de la separación de poderes. “¿Pero esto es una broma de mal gusto?”, dijo porque a día de hoy la “verdadera oposición” al Gobierno la lideran los jueces, a los que denominó como “fachas con toga, ultra fascistas, muy afines al PP”.

Finalmente, el procurador Francisco Igea abogaba por dejar de “interferir por la puerta de atrás” en la justicia, como recordó decía Ignacio Cosidó, y pidió eliminar la mención a la corrupción porque pareciera que al PP sólo le interesa la del “torrente Ábalos”, no la del resto. Además, rechazó el control que propone la “reforma Bolaños”.

Ley agraria

Por otro lado, la reforma de la ley agraria de Castilla y León para incorporar el sector forestal y que el bosque deje de ser el “gran olvidado” sigue su curso en las Cortes después de que el Parlamento autonómico haya tomado en consideración esta reforma impulsada por el PSOE y por unanimidad.

“El monte también es campo”, defendía la socialista Virginia Jiménez quien coincidía con la oposición de que se ha generado inseguridad jurídica a los titulares de explotaciones forestales y se ha dificultado el acceso a las ayudas.

Si bien el el PP pedía mejorar el texto con enmiendas para que no se quede en un “brindis al sol”. Al respecto, el ‘popular’ Óscar Reguera advertía de que la exposición de motivos debe revisarse para incorporar una mejor redacción que evite incurrir en lo que consideró “inexactitudes o falsedades”. También lamentaba que se deje pasar la oportunidad de trasladar al articulado la inclusión de lo forestal, ya que comparó la proposición de ley con el parto de un “ridículo ratón”.

Por ello, rechazaba el procedimiento de lectura única y pedía abrir un plazo de enmiendas para que no se quede un “simple deseo", sin “operatividad alguna”, informa Ical.

En su presentación, la procuradora Virginia Jiménez defendía que se trata de una propuesta legislativa “sencilla”, pero con una “profundidad estratégica” y con una “repercusión práctica”, porque afecta a la economía y ofrece una oportunidad para fijar población. En su opinión, la modificación, que a partir de ahora se abordará en comisión, busca “corregir” una “anomalía”, cumplir con la legislación estatal y las exigencias europeos, además de impulsar un modelo de desarrollo “más justo y completo” para que lo agrícola, ganadero y forestal “caminen de la mano”.

Y argumentaba que la reforma responde una necesidad reclamada por el sector forestal e insistía en que no se trata de un “gesto”, sino de una “rectificación necesaria”, un “ajuste técnico” y una “actualización normativa para "no dejar fuera" de la normativa al 54 por ciento de la superficie de la Comunidad, informa Ical.

Desde Vox, el parlamentario José Antonio Palomo celebraba que “por fin” se incluya al sector forestal dentro de la ley agraria, porque señaló esta modificación es el reconocimiento, aunque sea tardío, de una “anomalía” y de que “el monte también es campo”. “Llega tarde, muy tarde”, decía porque a su juicio el sector forestal ha sufrido una exclusión que ha generado inseguridad jurídica y dificultado el acceso a ayudas europeas. “Aquí hay una responsabildiad compartida entre socialistas y populares”, dijo.

En nombre de UPL-Soria YA, el procurador Juan Antonio Palomar defendía el modelo de gestión de los bosques de su provincia, la que tiene mayor masa forestal, y consideró necesaria la iniciativa socialista, porque lo forestal no puede ser un “apéndice”. Además, señaló que da respuesta a una reivindicación del sector porque advirtió de que la situación actual genera inseguridad jurídica y complica el acceso a los fondos europeos.

Finalmente, el procurador Francisco Igea, ex de Ciudadanos, aseguraba que “no había visto tanta pasión por lo forestal desde Bambi”, pero consideró “razonable” y de “sentido común” incorporar el sector forestal a lo agrario. No obstante, apuntó que será complicado que el PP acepte quitarle un “juguetito” al consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones.