La economía social aporta 1.067 millones de euros anuales al PIB de Castilla y León

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha inaugurado hoy la Jornada sobre la Situación de la Economía Social en Castilla y León, organizada por la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social de la Universidad de Valladolid. Durante la sesión, se ha presentado el avance de las conclusiones alcanzadas en el estudio sobre la monetización del impacto socioeconómico de los principios y valores de la economía social en Castilla y León.

El informe, elaborado por la consultora Abay Analistas Económicos, con una larga experiencia en el análisis de este sector, ha sido impulsado y financiado por la Junta de Castilla y León a través de la Cátedra, con el fin de suplir la carencia de datos estadísticos y cuantitativos sobre el impacto socioeconómico de los principios y valores de la economía social en Castilla y León.

La metodología utilizada para la elaboración del informe ha sido reconocida por la OCDE como una de las más destacadas para medir el impacto social de los ecosistemas de la economía social, y es la que se ha aplicado en el informe nacional elaborado por la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES). Esta entidad también se apoyó en la misma consultora para elaborar el estudio de ámbito estatal, en el que se destaca que los beneficios totales aportados a la sociedad española por los principios de la Economía Social se cifraban en 11.023 millones de euros anuales.

Impacto económico de 1.067 millones, 1,5 % del PIB

El avance de datos obtenidos para Castilla y León evidencia el valor diferencial que aportan los principios y valores de la Economía Social en Castilla y León, que generan unos beneficios totales (directos e indirectos) de 1.067 millones de euros anuales. Esta cifra es equivalente al 1,5 % del Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León.

Estos beneficios monetarios se distribuyen entre familias, administraciones públicas y empresas. Las familias se benefician de 683 millones de euros, fundamentalmente en concepto de rentas salariales netas. Las administraciones públicas se benefician de 297 millones de euros procedentes de ingresos fiscales y cotizaciones sociales, cifra a la que hay que sumar otros 47 millones de euros en beneficios indirectos, como el ahorro en prestaciones de desempleo y menores costes de reemplazo de trabajadores. Finalmente, las propias empresas de la economía social se benefician de 39 millones de euros en concepto de bonificaciones de cuotas.

La contribución diferencial a la cohesión social y territorial

El informe pone también de manifiesto que la Economía Social se reafirma como una herramienta crucial para la cohesión social y la vertebración territorial, y concluye que, si las entidades de la economía social abandonasen sus principios para comportarse con los principios exclusivos de la economía mercantil tradicional, se producirían grandes impactos negativos en la cohesión social y territorial.

En este supuesto, de pérdida de principios, más de 11.000 personas pertenecientes a colectivos con dificultad de acceso al empleo perderían su puesto de trabajo con un impacto económico superior a los 309 millones; unas 6.500 personas dejarían de tener una relación laboral estable y una mayor dependencia de las prestaciones y subsidios por desempleos, con un impacto económico de 209 millones de euros.

Igualmente, se agrandaría la brecha salarial de género, de modo que más de 19.000 trabajadoras verían incrementada esta brecha salarial, y, más de 43.000 trabajadores percibirían un menor salario. La monetización de este impacto sobre la igualdad se estima en 90 millones de euros.

Se produciría también una importante reducción de la oferta de servicios, con la pérdida de cerca de 10.000 trabajadores en servicios relacionados con los cuidados y 3.300 en servicios educativos, cuyo impacto se estima en 411 millones de euros. La repercusión sería especialmente severa en el medio rural y poblaciones intermedias, estimándose que unas 2.600 personas tendrían que desplazarse a zonas urbanas para cubrir sus necesidades de servicios básicos.

Compromiso estratégico de la Junta de Castilla y León

Tal y como ha señalado la consejera, estos datos reflejan el protagonismo de la Economía Social en Castilla y León y el éxito de las políticas públicas que viene desarrollando la Administración autonómica para impulsar y fortalecer este modelo económico y empresarial, que desempeña un papel esencial tanto desde el punto social como económico, contribuyendo a la cohesión y a la vertebración territorial.

En este sentido, la titular de la Consejería ha recordado que el compromiso de la Junta de Castilla y León con la Economía Social tiene su reflejo en un apoyo institucional y económico permanente con un incremento presupuestario de un 49 % desde el inicio de la legislatura y una inversión cercana a los 83 millones de euros en políticas de fomento de la economía social durante los dos primeros años de vigencia del Plan de Fomento de la Economía Social 2023- 2025.

A este apoyo económico directo a las empresas de la economía social se suma el esfuerzo por dar visibilidad y reconocimiento social a la labor que desempeñan estas entidades mediante la divulgación de su aportación y la promoción de sus principios y valores, fuertemente vinculados a la igualdad de oportunidades, el desarrollo local, la inclusión social, o la generación de empleo estable. Jornadas como ésta, ha concluido la consejera, pretenden contribuir también a promover ese objetivo.