La Junta de Castilla y León promueve nuevas actuaciones hidráulicas en León, Salamanca y Zamora con una inversión superior a 8,4 millones

La Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL), pone en marcha un conjunto de actuaciones hidráulicas en las provincias de León, Salamanca y Zamora, con una inversión total de 8.433.699 euros, IVA no incluido.

Estas intervenciones beneficiarán a una población de 34.654 habitantes-equivalentes y se financiarán conjuntamente por la Junta de Castilla y León (que aporta el 40 %), las diputaciones provinciales (otro 40 %) y los ayuntamientos (20 %). Una vez finalizadas las obras, SOMACYL asumirá la explotación y mantenimiento durante 25 años, garantizando la eficiencia, la continuidad del servicio y la sostenibilidad de las infraestructuras.

Las actuaciones se enmarcan en los Programas de Depuración y de Renovación y Digitalización de Redes, que la Junta desarrolla junto con las administraciones locales con el objetivo de modernizar las infraestructuras del ciclo integral del agua y asegurar una gestión eficiente de los recursos hídricos en el medio rural.

Provincia de León

En la provincia de León, las actuaciones suponen una inversión de 6,86 millones de euros destinada a la mejora del abastecimiento y la depuración en una decena de núcleos rurales. Entre las intervenciones previstas figuran la mejora del abastecimiento en Albares de la Ribera y Las Ventas de Albares; la construcción y modernización de las EDAR en estas mismas localidades, y la mejora del saneamiento en el Alto Órbigo (Fase 1), que beneficiará a núcleos como San Feliz, Villavante, Estébanez de la Calzada, Llamas, Cimanes y Veguellina.

Asimismo, se actuará en Fabero, Lillo del Bierzo, Bárcena de la Abadía y Otero de Naraguantes, y se desarrollará un proyecto de eficiencia y digitalización de redes de abastecimiento en Villadangos del Páramo, contribuyendo a la modernización de las infraestructuras hidráulicas de la provincia.

Dentro de las actuaciones de depuración, la previsión en León es de 75 depuradoras por 10,9 millones de euros (Programa 0 a 500 habitantes equivalentes), y 33 depuradoras por 25,2 millones de euros (Programa 500 a 2000 habitantes equivalentes).

En lo que se refiere a la renovación de redes y digitalización se han seleccionado 25 núcleos de población, destacando por número de habitantes, Astorga, La Bañeza, Villaquilambre, Bembibre, Valverde de la Virgen, Fabero, Santa María del Páramo y Cistierna, encontrándose todos los proyectos en redacción, con una inversión estimada de 14 millones de euros.

Provincia de Salamanca

En Salamanca, la Junta de Castilla y León llevará a cabo la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Martín de Yeltes, con una inversión de 762.267 euros. Esta actuación permitirá optimizar el tratamiento de aguas residuales y mejorar la calidad ambiental del entorno, en el marco del Programa de Depuración para municipios de entre 500 y 2.000 habitantes-equivalentes, que busca dotar a las localidades rurales de sistemas de depuración eficientes y sostenibles.

Dentro de las actuaciones de depuración, la previsión en Salamanca es de 130 depuradoras por 17,9 millones de euros (Programa 0 a 500 habitantes equivalentes), y 34 depuradoras por 21,1 millones de euros (Programa 500 a 2000 habitantes equivalentes).

En lo que se refiere a la renovación de redes y digitalización, se han seleccionado 25 núcleos de población, destacando por número de habitantes Pelabravo, La Fuente de San Esteban o Calvarrasa de Abajo entre otros, encontrándose todos los proyectos en redacción, con una inversión estimada de 14 millones de euros.

Provincia de Zamora

En Zamora se invertirán 810.832 euros en la construcción de dos nuevas depuradoras situadas en Manganeses de la Polvorosa y El Pego, destinadas a mejorar el saneamiento y garantizar un adecuado tratamiento de las aguas residuales.

Estas actuaciones se suman al conjunto de inversiones que la Junta de Castilla y León desarrolla en la provincia dentro de los programas de depuración y digitalización, que contemplan la ejecución de más de un centenar de instalaciones en distintos municipios zamoranos, contribuyendo a la sostenibilidad y a la cohesión territorial del medio rural.

Dentro de las actuaciones de depuración, la previsión en Zamora es de 136 depuradoras por 25 millones de euros (Programa 0 a 500 habitantes equivalentes), y 22 depuradoras por 13, 6 millones de euros (Programa 500 a 2000 habitantes equivalentes).

En lo que se refiere a la renovación de redes y digitalización se han seleccionado 15 núcleos de población, destacando por número de habitantes, Morales del Vino, Villalpando y Puebla de Sanabria entre otros, encontrándose todos los proyectos en redacción, con una inversión estimada de 11 millones de euros.

Convenio con La Rioja

La Junta de Castilla y León y el Gobierno de La Rioja han firmado dos protocolos en materia de Protección Civil para la gestión de emergencias en el túnel de Piqueras, en la carretera N-111. El objetivo es coordinar, por una parte, la atención de llamadas a los centros 1-1-2 de ambas comunidades y, por otra, la intervención de equipos de rescate cuando la ocasión lo requiera.

Los equipos humanos de ambos territorios vienen usando estrategias comunes que han puesto en marcha en ocasiones anteriores, sin embargo, los protocolos de actuación en materia de emergencias de Protección Civil en zonas limítrofes deben estar vivos. Por ello, el consejero de Medio Ambiente Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín Díez, han rubricado dos protocolos refuerzan esta coordinación e introducen cambios vinculados a la mejor gestión de estos incidentes.

Protocolo para la coordinación de los centros 1-1-2

Este protocolo formaliza el procedimiento que han de seguir los centros de atención de llamadas de emergencia 1-1-2 para la correcta gestión de los incidentes que se produzcan en las zonas limítrofes de ambas comunidades autónomas en varios casos. Cuando la llamada de emergencia se realiza desde una pero se reciben en la limítrofe y cuando una persona, desde una comunidad, comunica al 1-1-2 una emergencia que ya está en curso en el territorio de la otra.

En la operativa acordada, se tiene en cuenta que el incidente sea atendido por la comunidad autónoma en la que se localiza, que se traslade de forma inmediata al otro centro 1-1-2 toda la información de la que se dispone, que el incidente se comunique de forma inmediata a los servicios de emergencia que han de activarse y que los equipos de emergencia de ambos territorios actúen de forma coordinada en la gestión eficaz del incidente.

El protocolo garantiza que en ningún caso las cuestiones competenciales puedan poner en riesgo la resolución del incidente pues se prevé que, ante cualquier duda, sea gestionado por el centro 1-1-2 receptor de la llamada.

Protocolo para la coordinación funcional de operaciones de emergencia en túneles

En el protocolo para la coordinación funcional en materia de operaciones de emergencia en el túnel de Piqueras en la carretera N-111, ambas comunidades autónomas acuerdan cómo ha de procederse cuando en la resolución de situaciones de emergencia requiere la intervención de grupos de rescate.

El punto de partida es que los servicios de Protección Civil de ambas comunidades conozcan el plan de autoprotección que ha dispuesto la empresa titular de la infraestructura sobre el análisis de los riesgos realizado previamente. A partir de ahí, los términos protocolizados son distintos según se trate de una emergencia ordinaria o de una que implique la activación de un plan de Protección Civil. Para el primer caso, se determinan aspectos tan relevantes como a quién corresponde la jefatura del Puesto de Mando Avanzado o a quién corresponde liderar la interlocución con todos los intervinientes.

En el caso de las emergencias que conllevan la activación de uno o dos planes de Protección Civil, supuesto que puede darse si cada comunidad autónoma activa su plan, el protocolo prevé la constitución de un comité de dirección formado por los directores de planes de ambas comunidades desde donde se decidirá a quién corresponde la jefatura del puesto de mando avanzado y cuál deba ser la intervención de los grupos de acción.

Comisión de seguimiento y duración

Ambos protocolos prevén la constitución de una comisión de seguimiento integrada por personal de ambas comunidades cuyo cometido es controlar su cumplimiento y promover las actualizaciones que sean necesarias para que no pierda su eficacia.

Estos protocolos estarán vigentes durante 4 años y ambas partes podrán prorrogarlos cuando transcurra ese plazo.