Medio Ambiente

La Junta y once autonomías reclaman al Gobierno una nueva convocatoria de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para "asegurar la distribución de fondos"

Aseguran que "se pone en riesgo" la ejecución de ayudas europeas y buscan "evitar la pérdida de inversiones cruciales" debido a la "falta de gestión"

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones, atiende a la prensa
El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, Juan Carlos Suárez-QuiñonesR. ValteroIcal

La Junta de Castilla y León y otras once comunidades autónomas reclamaron al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) una nueva convocatoria “ajustada a normativa” de la Conferencia Sectorial en materia de Medio Ambiente para “asegurar la distribución de fondos” entre las regiones. Reclamaron “celeridad” en la misma, ya que “se pone en riesgo” la ejecución de fondos europeos, porque dinero que aún no está repartido debería estar ejecutado antes de final de año.

La posición de Castilla y León es compartida por las administraciones autonómicas de Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Valencia, Aragón, Canarias, Extremadura, Baleares y Madrid, además de Ceuta y Melilla, según confirmó en un comunicado la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

De esa forma, instaron al Miteco a convocar nuevamente la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, ya sea de forma presencial o por videoconferencia, con el fin de “evitar la pérdida de inversiones cruciales debido a la falta de gestión”.

La “falta de convocatoria oportuna plantea el riesgo de que muchos de estos fondos”, que deben ejecutarse antes de final de año, no lleguen a tiempo a las autonomías, lo que “podría afectar la realización de proyectos e inversiones importantes”, señalaron.

El orden del día de la Conferencia Sectorial incluye la aprobación del acta de la reunión celebrada el 23 de noviembre anterior, en la que se registra una “discrepancia” relacionada con la transcripción de una pregunta del consejero de Castilla y León, Juan Carlos Suarez-Quiñones, sobre el alcance del voto negativo en la aprobación de la ‘Estrategia para la conservación y gestión del lobo (Canis lupus) y su convivencia con las actividades del medio rural’, junto con sus instrumentos de aplicación.

Detallaron que esta discrepancia tiene implicaciones en la transferencia de fondos destinados a compensar los daños del lobo en la ganadería y las medidas preventivas en explotaciones ganaderas, y “aún no ha sido resuelta de manera satisfactoria”.

Discrepancias

Entre otros puntos del orden del día,se encuentran la aprobación de acuerdos para la distribución de fondos a las Comunidades Autónomas y los criterios de reparto en programas como el Plan PIMA Refugios climáticos, el Plan PIMA residuos, subvenciones para los Parques Nacionales, créditos para la conservación y restauración de la biodiversidad, así como fondos para la indemnización de daños causados por el lobo y medidas preventivas.

El pasado 20 de octubre, el Miteco, a través de su Secretaría General Técnica, anunció una “convocatoria inusual” para la sesión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, programada para llevarse a cabo por procedimiento escrito desde el 23 de octubre hasta el martes 31 de octubre. Esta convocatoria se basó en el artículo 10 del Reglamento interno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

La Conferencia Sectorial es un órgano de cooperación con una composición multilateral y un ámbito sectorial específico, en el que se reúnen representantes de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla. Sin embargo, el procedimiento de convocatoria por escrito ha sido objeto de críticas por parte de los servicios jurídicos de las comunidades autónomas, quienes argumentan que “no cumple con la normativa vigente ni con el Reglamento interno de la Conferencia”.

Este desacuerdo ha llevado a que las doce comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas envíen una carta a la ministra, Teresa Ribera, instando a la corrección de la convocatoria por “no cumplir con la legalidad aplicable” y solicitando su suspensión hasta que se realice en conformidad con la normativa vigente.