La Junta realiza 402 evaluaciones para conocer y mejorar el estado de salud psicosocial de los trabajadores públicos

La Junta de Castilla y León realizó un total de 402 evaluaciones en el mismo número de centros de la Comunidad para conocer y mejorar el estado de salud psicosocial de los trabajadores públicos del territorio.

De estas evaluaciones, que el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, reconoció que suponen un instrumento de medida “parcial” por realizarse en el 6,7 por ciento de los más de 6.000 centros públicos existentes en la Comunidad, se derivaron otras 32 evaluaciones específicas “con entrevistas a los empleados públicos y los responsables de los centros de cara a afrontar políticas de mejora en todos los ámbitos”.

Y es que según señaló el consejero de la Presidencia, “no siempre el sitio de trabajo es el más adecuado”, así como “el enfoque al ciudadano, la confidencialidad y determinadas circunstancias que condicionan ese trato personal” que afecta al estado de salud psicosocial de los empleados públicos.

Para González Gago, “la política de salud mental tiene que dejar de ser un asunto particular o individual de cada trabajador para convertirse, de verdad, en una política global que enfoque todos los problemas y circunstancias que en cada uno de ellos concurren”.

Por ello, la Junta organizó, a través de la Escuela de Administración Pública, la jornada de prevención de riesgos laborales ‘Salud mental en el trabajo’, que se ha desarrollado en la Feria de Valladolid como parte de la política “prioritaria” en este ámbito que está desarrollando el Gobierno autonómico.

“Estamos hablando de miles de empleados públicos que a diario trabajo y sostienen los pilares de esta Comunidad en servicios esenciales”, apuntó González Gago, que se refirió así a las “altas responsabilidades” de muchos de ellos a lo que se une la adecuación a las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial y a “problemas de conciliación en su vida familiar”. Todo ello, sumado, refleja “una serie de factores que afectan o pueden afectar a su salud mental”.

En ese sentido, el consejero de la Presidencia apuntó a la necesidad de realizar “un enfoque integral que aborde todos los aspectos o ámbitos que puedan incidir en la salud mental” de los empleados públicos para mejorar sus condiciones de trabajo y que eso favorezca “una buena atención al ciudadano y una buena calidad de los servicios”.

Abordaje en dos líneas

Para desplegar esta política de salud mental, González Gago apuntó a “dos líneas de dirección”. Por un lado, la “intervención inmediata” cuando se detecta algún problema específico en algún centro de trabajo y, por otro, con “medidas preventivas” para conocer “cuál es la situación de los empleados públicos”.

Así, en el ámbito de la intervención afirmó que la Junta sigue unos estándares protocolizados que incluye tanto el protocolo contra la violencia en el trabajo y que se activa “tanto en los casos de violencia interna entre los propios empleados públicos” como en los que se manifiestan por agresiones de los ciudadanos contra ellos, y el protocolo sobre acoso y violencia sexual.

En cuanto a la prevención, el Gobierno autonómico sigue “modelos estandarizados internacionales” elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para “actuar en todos los niveles de la organización”.

Es en este ámbito donde se enmarcan las 402 evaluaciones desarrolladas el pasado año “para valorar y comprobar qué factores existen en esos puestos de trabajo y esos centros, no solo a nivel organizativo sino a través de los condicionantes sociales o medioambientales del entorno de trabajo”.

Asimismo, la Junta desarrolla, a nivel formativo, 70 cursos dentro de la programación de la ECLAP de los que se han beneficiado más de 1.500 empleados públicos para, a través de la formación, tratar de “evitar esos motivos de estrés o carga de trabajo” para saber cómo llevar la carga “de la manera más adecuada en beneficio de los ciudadanos”.