León tendrá otra planta de biomasa que alimentará la red de calor de la ciudad

Luz verde a la instalación de una planta de generación de energía térmica con biomasa en el municipio de León, dentro del complejo de energías renovables que alimentará la red de calor sostenible de la ciudad.

La resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León, culmina un proceso administrativo iniciado en septiembre de 2024, que ha incluido trámites de información pública, evaluación de impacto ambiental y respuesta a alegaciones ciudadanas.

La planta, ubicada en el polígono 9, parcela 830, contará con una superficie construida de más de 10.000 metros cuadrados y se abastecerá de astilla forestal de roble, chopo, pino y encina.

El proyecto se desarrollará en dos fases:

• En la primera se instalarán dos calderas con una potencia conjunta de 44 MW térmicos
• En la segunda se duplicará la capacidad hasta alcanzar los 88 MW.

La planta funcionará con cuatro calderas en invierno y una en verano, con una producción estimada de 352.000 MWh/año en forma de agua caliente, que se distribuirá por la red de 'district heating' a viviendas y edificios públicos.

La autorización ambiental establece estrictas condiciones para controlar las emisiones atmosféricas, el ruido, la gestión de residuos y la protección del suelo y las aguas subterráneas. Entre las medidas previstas figuran la instalación de filtros de mangas, ciclones y sistemas de reducción selectiva no catalítica para minimizar la emisión de partículas, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y otros contaminantes.

Además, se exigirá un sistema de gestión ambiental auditado cada tres años, campañas de medición de benzopirenos en el entorno y controles periódicos de calidad del aire desde la estación 'León 4', situada a menos de un kilómetro de la planta. La instalación deberá presentar informes anuales sobre sus emisiones, residuos y mantenimiento, y mantener registros accesibles para inspecciones.

Casi 300 alegaciones al proyecto

Durante la fase de información pública, el proyecto recibió 296 alegaciones, muchas de ellas de vecinos del barrio de Puente Castro y de colectivos ecologistas como Ecologistas en Acción, Izquierda Unida de León o la Asociación Luna Verde. Los alegantes expresaron preocupación por el ruido, los olores, el tráfico de camiones y el impacto sobre el abastecimiento de agua.

La Plataforma Vecinal de León Sur rechaza el proyecto y critica la gestión en este asunto por parte de la Junta y el Ayuntamiento leonés, tras el último pleno en las Cortes en el que partidos como UPL y el PSOE pidieron “transparencia” al Ejecutivo autonómico.

“Consideramos que se trata de un proyecto impuesto, opaco, sin participación ciudadana y sin respeto por las normas ambientales, que afectará directamente a la calidad de vida de los vecinos de León”, refirió la plataforma a través de un comunicado recogido por Ical. En este sentido, denunciaron que, tanto el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como el alcalde de León, José Antonio Díez, “han ignorado las preocupaciones de los ciudadanos, priorizando intereses políticos y económicos por encima de la seguridad, la salud y el bienestar de la población”.

Según lamentaron, los vecinos no han recibido “información clara” sobre los estudios de impacto ambiental, los riesgos de emisiones o la gestión de la biomasa. “Resulta especialmente grave que el alcalde, quien desde la oposición criticaba a la Junta por su intención de instalar una planta de biomasa en Eras, actúe ahora de la misma forma desde la alcaldía. Esto demuestra que, en política, los intereses cambian con facilidad. Nos preocupa que nuestros representantes no actúen con coherencia, y nos parece vergonzoso que el propio alcalde promueva charlas sobre medioambiente con discursos que se han demostrado vacíos de fondo para nuestro edil”, criticó la plataforma.

Además, la plataforma alertó sobre la “gravedad” de las declaraciones del PSOE respecto al “posible desvío” de fondos públicos del Fondo de Transición Justa, destinados originalmente a las cuencas mineras, hacia un proyecto urbano que, desde su punto de vista, “beneficia a la ciudad de manera dudosa y que genera conflictos legales y sociales”.

“Este uso irregular de fondos constituye un agravio para la población y para las zonas más necesitadas de la provincia. No nos sorprende esta actuación, pues la falta de inversión en las áreas más abandonadas es, por desgracia, la seña de identidad de la Junta de Castilla y León en su gestión de esta provincia”, afirmó.

Por ello, la Plataforma Vecinal de León Sur exige la paralización “inmediata” del proyecto de biomasa “hasta que se garantice una participación real de los vecinos”, así como “transparencia total” mediante la publicación de los informes ambientales, estudios técnicos y detalles de la inversión. Asimismo, pidieron la revisión de los fondos desviados y restitución a los fines originales, así como “respeto a la legalidad”, es decir, el cumplimiento de las sentencias y normas que protegen a la ciudadanía y al medioambiente.

“Hacemos un llamamiento a todos los vecinos, asociaciones y grupos políticos responsables para que se sumen a la defensa del derecho a decidir sobre nuestro entorno y a proteger la salud de nuestra comunidad frente a decisiones impuestas, tomadas sin diálogo ni consenso”, finalizó la plataforma.

La Junta ha respondido que la planta sustituirá miles de calderas individuales menos eficientes y más contaminantes, y que el circuito de agua caliente será cerrado, con un consumo limitado. También ha asegurado que el tráfico de camiones será reducido (unos 16 diarios) y que se han previsto medidas para minimizar las emisiones difusas y el ruido.

Somacyl dispondrá de un plazo de cinco años para poner en marcha la actividad, previa presentación de una declaración responsable. La autorización incluye también disposiciones para el cese temporal o definitivo de la actividad, así como para la revisión periódica de las condiciones ambientales conforme a las mejores técnicas disponibles.