El PSOECyL pide que se aumente el umbral de las ayudas al alquiler para llegar a más gente

El PSOE de Castilla y León rechaza hoy la política de vivienda de la Junta por ser “bastante obsoleta”, y pide a Mañueco que, de cara a las próximas convocatorias, aumente el umbral -establecido en 550 euros- que marca el tope del alquiler como requisito de acceso a las ayudas anuales que publica el Ejecutivo autonómico.

Los socialistas denuncian que este año han dejado fuera, por no cumplir los requisitos, al 30 por ciento de los solicitantes.

Así lo ha denunciado este lunes en una rueda de prensa la responsable de vivienda del PSOE autonómico, Ana Casado, para quien lo más "coherente" es aumentar este umbral hasta los 675 euros, en consonancia con la media del precio del alquiler en la comunidad.

En una comparecencia en Valladolid, la dirigente del PSCyL señalaba que los castellanos y leoneses destinan un 46 por ciento de sus ingresos a la vivienda, ya sea al pago de la hipoteca o el alquiler, junto a los suministros, por lo que consideró es un “problema real” dentro de la agenda ciudadana. Además, aseguraba que la Junta no asume sus competencias y que sólo aporta uno de cada cuatro euros, mientras el resto de la financiación procede del Gobierno.

En su intervención, la socialista ha acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de hacer "propaganda" con esta convocatoria anual de ayudas que "en gran parte está financiada por el Gobierno de España".

"En políticas de vivienda, el Gobierno de Pedro Sánchez pone el 75 por ciento, con 75 millones de euros, y la Junta el 25 restante, con 23,7 millones", decía Casado, al tiempo que criticaba que el presidente autonómico no quiera atajar este problema porque, "según él, no es un problema en la comunidad".

Por todo ello, los socialistas han acusado a la Junta y a Mañueco de estar incumpliendo desde hace años la ley de vivienda y, entre otras medidas, han propuesto blindar la vivienda oficial para que esta, al cabo de 15 años, no pase a ser liberada y susceptible de ser vendida al precio que decidan sus propietarios.

"La Junta está gobernando por y para las promotoras, inmobiliarias y grandes fondos de inversión, con subidas de precios en algunas tipologías que supusieron hasta un 40 por ciento", denunciaba Casado, mientras se preguntaba “¿Qué política de vivienda es esta?”, además de censurar la "deslealtad" de la Junta porque, según decía, ha negado el convenio que ofrece el Gobierno para el nuevo plan estatal, el blindaje de la vivienda pública, la introducción de mayor transparencia en el mercado.

"Reclamamos que la vivienda deje de ser un instrumento financiero y se ponga remedio a este problema social", finalizaba Casado, mientras que el secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla y León, Diego Vallejo, hacía hincapié en que esta política de vivienda está provocando que solo el 14,4 por ciento de los jóvenes de la comunidad puedan emanciparse.