Suárez-Quiñones reclama al Gobierno que duplique la superficie de regadío en Castilla y León

Duplicar la superficie de regadío en Castilla y León además de una mayor capacidad de regulación y almacenamiento de agua. Es lo que ha reclamado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, con el objetivo de pasar de las 450.000 hectáreas actuales a cerca de un millón. Ello conllevaría un 20 por ciento de la superficie cultivable, aproximadamente 5,3 millones de hectáreas.

Unas declaraciones que ha realizado al pàrticipar en la X Jornada de Formación para Comunidades de Regantes de la Asociación Ferduero, en León, donde ha recalcado que para eso se materialice hace falta un "compromiso por parte del Gobierno de España y muchos compromisos por parte de todos los agentes intervinientes en la cuestión".

El consejero ha señalado que en la actualidad las Comunidades de Regantes se enfrentan a tres problemas. El primero de ellos al coste de infraestructuras, por lo que ha incidido en que debe existir un frente común entre "Estado, Comunidad autónoma y regantes", pero ha destacado el apoyo al sector por parte de la Junta, "aportando financiación a fondo perdido".

Otro de los problemas, a su entender, radica, en el coste de producción con la energía y uno tercero, el agua como protagonista, por lo que ha insistido en "una mayor capacidad de regulación y almacenamiento" que permita contar con más agua y de esta manera "garantizar el riego y su expansión en el futuro". Por ello, avanzó que la próxima entrada en servicio del embalse de Villagatón, en la provincia de León, lo que permitirá que este mismo año "se utilice para embalsar y regar".

Por su parte. el presidente de la Asociación Ferduero de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero, Eloy Báilez, advirtió de que las movilizaciones que protagonizan los agricultores franceses “también llegarán a España”. “Hoy son los agricultores franceses y mañana seguro que son los españoles porque tenemos los mismos problemas”, dijo.

Báilez pidió la implicación de la Comunidad Económica Europea para que “plantearse alguna forma de proteger los productos que se producen y se van a consumir después en los lineales de los países que la conforman”, frente a una situación de “costes de producción desproporcionados con respecto a los que entrar de otros países”.