Torra contra todos: se enroca y rehúye pactar la fecha electoral ante el clamor del independentismo

El Debate de Política General acostumbra a marcar el inicio de curso político y a definir las directrices del Govern y la oposición de cara a los próximos meses. Es la táctica del partido en condiciones normales, un patrón de juego para acabar ganando la legislatura a largo plazo. Este año, no obstante, la sesión adquiere una relevancia excepcional: es la primera cita marcada en rojo en el calendario, en medio de la vista del president Quim Torra en el Tribunal Supremo para resolver sobre su condena por inhabilitación (el jueves 17), con la pandemia de coronavirus sin dar una tregua estable y el clamor prácticamente unánime de convocar ya a las urnas. Una presión que ejerce el independentismo –ERC y la CUP– y la oposición –todos los partidos excepto Cs– y que el president y Junts per Catalunya rehúyen con la vista puesta en la restructuración del espacio postconvergente.

JxCat busca defender a Torra y las instituciones

Esquerra y la CUP han acabado uniendo esfuerzos con el objetivo de presionar a JxCat y forzar a Quim Torra a pactar la fecha electoral ante la vista en el Supremo. Republicanos y anticapitalistas han buscado un acuerdo sobre los posibles comicios que el entorno del president y del expresident Puigdemont rechazan. «La unidad no puede ser sólo una fecha electoral», ha asegurado esta tarde el portavoz del grupo parlamentario de JxCat, Albert Batet, en un mensaje dirigido tanto a republicanos como a anticapitalistas. Los postconvergentes buscan lograr un pacto con ERC y la CUP en el marco del Debate de Política General (DPG) «para defender a Torra y las instituciones catalanas» ante su posible inhabilitación. Es decir, desde la postconvergencia optan por esperar a que el Supremo resuelva y blindan a Torra y la presidencia, además de recordar que la facultad de llamar a las urnas es «unipersonal» del jefe del Govern.

Un discurso en la línea con el efectuado por la portavoz del Ejecutivo, Meritxell Budó (JxCat) apenas un par de horas antes. La dirigente incluso fue más allá y reclamó a ERC «poner el foco» en la «situación gravísima» que supondría que el Supremo inhabilitara a Torra «por defender la libertad de expresión» y advirtió de que situarse «en el escenario de después sería normalizar la represión». La portavoz, eso sí, avanzó que Torra centrará su discurso de hoy en la gestión del Govern y repitió que todos los escenarios sigue abiertos.

La CUP, que ha criticado con dureza las palabras de Budó sobre «avalar la represión» y le ha exigido una rectificación inmediata, fue la primera en mover ficha para tratar de lograr un acuerdo y puso sobre la mesa la llamada «vía Venturós». Con este plan, Torra, en caso de ser inhabilitado, ejercería las funciones institucionales y representativas de la Presidencia, pero las potestades administrativas y legales recaerían en el presidente en funciones, el actual vicepresidente, Pere Aragonès. Eso sí, todo tras pactar una fecha concreta para los comicios. Torra y JxCat ya han rechazado en alguna ocasión la presidencia simbólica.

Una condición, esta última, que los republicanos reclaman con ahínco: «Por favor, acordemos la fecha de las elecciones y que sea la que mas convenga al país y la que permita después salir con una coalición fuerte que asuma este ‘mientras tanto’ muy duro y ponga los fundamentos de la república», subrayó la secretaria general Marta Rovira, en una entrevista en la Cadena Ser.

El papel de la oposición

El diputado de Cs en el Parlament Nacho Martín Blanco ha avisado de que su grupo estará «atento» y no serán «flexibles», sino 2contundentes», si el president Torra acaba inhabilitado, y reconoció que intentan consensuar una posible respuesta con el resto de formaciones constitucionalistas. «Ya sabemos que cuando Torra amenaza, pues tiende cuando menos a cumplir algunas de sus amenazas, y tenemos que estar muy atentos y ser muy cuidadosos ante esta situación. Por tanto, sin concretar nada, sí que es cierto que haremos todo lo posible para evitar que esta amenaza acabe cumpliéndose. Y obviamente estas conversaciones con el resto de formaciones constitucionalistas ya se están produciendo y seguiremos hablando con ellos a partir de ahora».

Desde el PSC, la diputada Alícia Romero ha explicado que su grupo quiere que el debate de política general sirva para constatar el «fracaso» del Govern y pidió elecciones para acabar con la «agonía» de esta legislatura.

El PP, por su parte, también se ha mostrado muy crítico con la gestión del Govern de Torra y ha reclamado en repetidas ocasiones la necesidad de convocar ya a las urnas.