ERC denuncia ante la Fiscalía las escuchas telefónicas a Rufián en la operación Voloh

“Hemos pasado a la ofensiva, no podemos dejar que el Estado actúe con impunidad como está haciendo con esta operación y con la persecución constante contra el independentismo". Así de contundente se ha expresado la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, antes de anunciar que el partido ha llevado ante la Fiscalía las escuchas telefónicas al líder republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, en el marco de la operación Voloh de la Guardia Civil que investiga un presunto desvío de fondos públicos al independentismo. Se trata de una denuncia a “título personal” firmada por el propio dirigente en la Cámara Baja que cuenta, eso sí, con el apoyo de la formación.

En concreto, el escrito presentado por Rufián hace referencia a una conversación incluida en el sumario de la causa y publicada en “El Confidencial” la pasada semana en la que el líder de los republicanos en el Congreso cuestiona el carácter blando de la actual cúpula de ERC -encabezada por Pere Aragonès- de cara a las elecciones catalanas y asegura que hay que “meter whisky” al actual presidente en funciones del Govern, en referencia a la posibilidad de nombrar a alguien “más duro” a su lado.

“Las conversaciones publicadas no tienen ninguna relación con el objeto de ningún procedimiento judicial y son claramente conversaciones explotadas con una finalidad de desprestigio y de pugna política”, consta en la denuncia ante la Fiscalía. Rufián, además, reclama que se dejen de publicar este tipo de informaciones y se retiren de las plataformas ya difundidas cualquier información al respecto.

“Las acusaciones son falsas, todo es mentira”, ha clamado Vilalta contra la operación de la Guardia Civil que investiga un presunto desvío de fondos al “procés”, señala al entorno de Puigdemont -y su “Estado Mayor”, una suerte de comité de sabios integrado por David Madí (ex CDC), Xavier Vendrell (ex ERC) y el empresario Oriol Soler- y pone en el punto de mira los republicanos mediante el propio Vendrell, consejero en la época del tripartito de Maragall y miembro con una importante ascendencia en los republicanos y en el Govern.

De hecho y más allá de la causa en sí, el sumario sitúa en el foco mediático a varios dirigentes del Govern, entre ellos a miembros y consejeros republicanos, por las conversaciones mantenidas cuestionando la figura de Torra, la estrategia o la gestión política actual como la propia charla de Rufián. Una circunstancia que ERC quiere frenar al asegurar que “no tienen nada que ver con el supuesto caso que están investigando” y sólo buscan desgastar a los republicanos, según palabras. Las charlas evidencian además la profunda división del independentismo, con dardos constantes y cruzados entre JxCat y ERC.

Además, Vilalta ha insistido en negar las presuntas irregularidades que se investigan: “Las acusaciones que aparecen son falsas. Todo es mentira”, y ha afirmado que se trata de una nueva causa de persecución contra el independentismo. La portavoz de ERC también ha vuelto a poner en el punto de mira de los republicanos al teniente coronel Daniel Baena, a quien ha culpado directamente de organizar un “montaje” con la operación.

Ofensiva en el Congreso

En la rueda de prensa recogida por Europa Press también han participado las diputadas republicanas en el Congreso Marta Rosique, Montse Bassa y Carolina Telechea, que han expuesto las iniciativas que están llevando a cabo en la Cámara baja sobre la operación Voloh.

Rosique ha señalado que los republicanos han presentado 140 preguntas por escrito que el Gobierno central tiene la obligación de responder sobre los últimos casos judiciales contra el independentismo y “para aclarar y dar respuesta a las malas prácticas de la policía patriótica y la falta de independencia judicial”.

Bassa ha apuntado que pedirán que se expediente al juez Joaquín Aguirre, que lleva la investigación, por “prevaricación y detención ilegal”, y preguntarán si la Guardia Civil actúa por cuenta propia o por instrucción del Gobierno.

Además, Telechea ha subrayado que están estudiando impulsar otras acciones junto a otros grupos, como los partidos nacionalistas e independentistas catalanes, vascos, gallegos, baleares y valencianos que firmaron la Declaración de la Llotja de Mar tras la sentencia del 1-O, y ha planteado la posibilidad de pedir una comisión de investigación sobre “las filtraciones de investigaciones y espionajes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y también de las causas judiciales”.