El otro «procés»: así es el separatismo en las universidades en Cataluña

El independentismo denuncia muy a menudo que se enfrenta a un «todopoderoso» Estado y señala determinadas instituciones como enemigo a batir (destacan, por encima de todo, la judicatura y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado). Pero el separatismo también juega sus cartas y tiene un férreo control sobre determinados espacios de poder a través de los cuales trata de ir cimentando la ruptura con España: uno de estos bastiones es la universidad, desde donde ha acentuado su ofensiva en los últimos años por distintas vías.

En total, Cataluña cuenta con doce universidades y, en las últimas semanas, se ha podido constatar el perfecto alineamiento de todos los rectores con la conselleria del ramo, que dirige Gemma Geis (JxCat), en asuntos tan sensibles como la lengua -se hará un seguimiento del idioma que usan los profesores-. También se ha podido comprobar la complicidad con el independentismo más radical tras el episodio de acoso y violencia que sufrió la asociación juvenil de S’Ha Acabat cuando organizó una carpa en el campus de Bellaterra de la Universitat Autónoma de Barcelona y el rectorado, en lugar de hacer una rotunda condena, se limitó prácticamente a repartir responsabilidades entre agresores y agredidos.

Además de la falta de apoyo del rectorado, los jóvenes constitucionalistas tampoco tuvieron el apoyo de los Mossos d’Esquadra, que se negaron a actuar, como explica el Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UAB, Rafael Arenas. El profesor cree que se debería de llevar a Fiscalía tanto la violencia de los separatistas como la pasividad de la policía catalana y, mirando más a largo plazo, tampoco se siente «tan preocupado» por tratar de revertir el apoyo que tiene el independentismo y apuesta por centrarse en conseguir que se puedan respetar los derechos de todos en la UAB, donde ha sufrido ya muchas escenas de acoso. También estaba allí la presidenta de S’Ha Acabat, Júlia Calvet, que, a sus 21 años, ya ha sufrido varios ataques en la calle por parte de radicales por sus ideas políticas, como cuando fue increpada por llevar una mascarilla con la bandera de España.

Calvet, en cambio, no desiste y se mantiene en primera línea defendiendo al constitucionalismo a pesar de recibir amenazas y ser señalada: según explica, tienen que lidiar constantemente con la gran organización del independentismo, que, a la mínima, acude en grupo a boicotear cualquier acto que preparen en S’Ha Acabat. «Son contados los que nos dan luego muestras de solidaridad», apunta, en referencia al temor de muchos jóvenes a quedar etiquetados. No obstante, también asegura que hay esperanza porque en los últimos días ha habido una avalancha de inscritos a la entidad que preside.

El actual rector de la UAB, Javier Lafuente, nunca ha manifestado públicamente su posicionamiento político y quien le conoce sostiene que es más afín al constitucionalismo que al independentismo. Sin embargo, tampoco parece tener mucho margen para expresarse libremente porque detrás hay mucha presión de la Generalitat y del independentismo organizado y eso obliga muchas veces a replantearse ciertas posturas, tal y como expone Jorge Calero, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona: «Hay una rapidísima simbiosis con el independentismo incluso cuando el rectorado no es independentista. Se entra en sintonía por combinación de intereses y miedos».

Cada paso que dé un rector va a estar muy condicionado por la conselleria de Universidades, que es quien se encarga de financiar a las universidades. Sin el dinero público, los rectores son conscientes de que la viabilidad económica de sus centros queda amenazada. En este sentido, fuentes conocedoras de los entresijos del sistema universitario catalán avisan del uso que hace el Govern de las finanzas como mecanismo coercitivo. Y, en juego, están, sobre todo, las nóminas de los profesores. «Tenemos unas universidades menos independientes, menos autónomas y más sometidas», aseguran algunos profesores. «Por eso, los rectores firman todo lo que diga la Generalitat. Si Puigdemont es encarcelado, salen a firmar un comunicado de apoyo. Es una sumisión muy fuerte», añaden.

Asimismo, cada paso también puede recibir la respuesta de la calle. El rectorado también se la juega frente a un separatismo juvenil siempre muy movilizado, liderado por organizaciones como el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans o Arran y que pueden impulsar concentraciones y protestas como la del pasado miércoles en la UAB. Ante esto, el rector siempre va a preferir tranquilidad. De esta manera, se acaba imponiendo también la «espiral del silencio» en la universidad catalana, como explica la profesora titular de Comunicación en la UAB, Isabel Fernández Alonso. «Tratan de generar la sensación de que hay un pensamiento único», añade Fernández, que enumera ejemplos de cómo se le acercan personas en privado para mostrar su conformidad con sus planteamientos porque no se atreven a hacerlo en público por temor a las consecuencias.

Y, en algunos casos, este temor procede de ciertos profesores, que han quedado alejados del amparo estatal tras la aprobación en 2003 de la Ley de Universidades de Cataluña, que puede señalarse también como el inicio del proceso para separar a la universidad catalana de la española. ¿Cómo? Gracias a esa norma, la Generalitat ha creado «figuras contractuales» (permanentes y no permanentes) que permiten diferenciar a los profesores catalanes del cuerpo de funcionarios del Estado. Con estos contratos de la Generalitat, se han dejado de convocar prácticamente oposiciones, salvo para casos puntuales y sonoros, como es el de Laura Borràs.

Según denuncian algunos profesores, en la Universitat de Barcelona no habían salido plazas de profesor titular desde 2002 y recientemente salió una para Borràs, que se ha convertido en funcionaria del Estado. Sí salen con mayor frecuencia plazas de catedráticos. En todo caso, según señalan estos mismos profesores, la Generalitat quiere crear su propio cuerpo de profesores para tener un «mayor control político» sobre ellos. «Si fuéramos funcionaros del Estado, tendríamos más garantías. Seríamos menos dependientes», señalan.

En las universidades se han ido creando núcleos de resistencia constitucionalistas. Ahí destacan, sobre todo, Universitaris per la Convivència, liderada por profesores como Rafael Arenas o Isabel Fernández, y S’Ha Acabat, encabezada por Júlia Calvet y de la que también forma parte Víctor Alonso, estudiante de Derecho en la Universitat de Barcelona. Allí, según denuncia, también sufren episodios de acoso por parte del separatismo de forma recurrente y, además, pone el grito en el cielo contra la actitud de algunos profesores que se han mostrado en contra de la entidad constitucionalista. “En Twitter nos han dicho que no se deberían de permitir actos de S’Ha Acabat”, señala.

Finalmente, el profesor de la Universitat Rovira i Virgili, Jorge de Andrés, apunta que en su campus no hay ninguna bandera a favor de la independencia y la rectora, María José Figueras, tampoco se ha significado nunca políticamente. Es decir, la URV, de Tarragona, parece un oasis en medio de la marea separatista.