La reforma laboral tensa a Gobierno y Esquerra

El año 2021 concluyó con una sonriente fotografía para el Gobierno, con la aprobación de los Presupuestos en «tiempo y forma» pese a los conatos de Esquerra con retrasarlos. Pero 2022 arranca con los republicanos redoblando sus amenazas a la Moncloa, conscientes de que tienen que empezar a medir sus apoyos ante el calendario electoral que asoma en el horizonte y los incumplimientos de Madrid con la «mesa de diálogo», que cada vez tiene un encaje más complicado en el escenario político.

Lo cierto es que, hoy por hoy, a falta de poco más de 20 días para la votación del decreto Ley de la reforma laboral en el Congreso, el apoyo decisivo de Esquerra sigue muy lejos. Los republicanos se han mostrado muy críticos tanto con las formas como con el fondo del Gobierno y se antoja muy complicado que puedan terminar accediendo a votar una de las iniciativas clave de la legislatura y de la que dependen también los fondos europeos. De hecho, el escenario se ha envenenado tanto que en el propio Gobierno ahora mismo se conforman con una abstención de Esquerra y de otros socios, que les permita salvar el trámite de conseguir más síes que noes. Moncloa ha dividido sus esfuerzos, mientras que Yolanda Díaz trata de seducir a los nacionalistas (Esquerra o EH Bildu), Félix Bolaños se encarga de convencer a las formaciones moderadas, como Ciudadanos.

En Esquerra se han mostrado molestos con las formas del Gobierno y, tal y como explicó ayer Gabriel Rufián en Onda Cero, no han recibido ninguna llamada del Ejecutivo español en nueve meses para abordar la reforma laboral. «Un día nos dijeron lo hemos cerrado, ¿qué vais a hacer?», señaló el portavoz republicano en el Congreso e, incluso, desmintió que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya mantenido conversaciones con ERC. Sí es cierto que, pocas horas después, trascendió que Díaz y Pere Aragonès habían cenado el miércoles para desencallar el tema de la reforma laboral.

Pero nada hace pensar en estos momentos un viraje de Esquerra, salvo que el propio decreto ley incluya la posibilidad de tramitarlo como proyecto de ley para poder realizar modificaciones a posteriori, lo que permitiría ganar margen. En este caso, la norma entraría en vigor tras su aprobación, aunque podría sufrir cambios más adelante: de hecho, podrían producirse de forma rápida si entra por trámite de urgencia. El propio decreto ley ya no puede sufrir modificaciones: o se aprueba o no se aprueba.

Y es que los republicanos han elaborado una importante lista de exigencias, aunque la principal es la devolución a las autonomías de la capacidad de autorizar o no un ERE (facultad que fue suprimida con la reforma de 2012). Esta es una demanda en la que, durante los últimos años, han insistido mucho los sindicatos en Cataluña porque se ha convertido en un territorio muy sensible a las deslocalizaciones de empresa al tener tanta industria. Y el conseller de Trabajo y Empresa, Roger Torrent, ha hecho suya esta demanda e insiste: con la capacidad para autorizar un ERE, según explican en el departamento, se «mejora la capacidad de mediación y actuación ante cierres de empresas y la posibilidad de ofrecer alternativas». En Trabajo señalan como ejemplo el reciente cierre de la empresa de componentes para automóviles Mahle, que consideran que con este mecanismo se podría haber evitado su marcha a otro país. «No tener esta capacidad para autorizar o no un ERE, nos sitúa por debajo de otros países, que tienen otras medidas para contener posibles deslocalizaciones o cierre de empresas», sentencian en el departamento.

Hay otras exigencias, como los salarios de transición, volver a los 45 días en las indemnizaciones por despido o que prevalezcan los convenios autonómicos sobre los estatales, aunque tampoco parecen excesivamente imprescindibles como la primera, que sí tiene impacto en la economía catalana. Cada cierre, tiene unas importantes consecuencias económicas, pero también un sustancial desgaste político para la Generalitat.

En cualquier caso, la reforma laboral, uno de los iconos legislativos del Gobierno de izquierdas, continuará en suspense. Tras esta norma llegarán otras, porque el apoyo de ERC es imprescindible para dar curso a la agenda legislativa a la que Sánchez condiciona acometer la recuperación justa. De ella se ha desterrado la reforma del delito de sedición por falta de apoyo parlamentario. Uno de los guiños que se idearon hacia el independentismo y que han dejado de ser una prioridad en la hoja de ruta de Moncloa. Tras la concesión de los indultos el pasado mes de julio no se espera otro gran gesto hacia Cataluña ahora que se abre el ciclo electoral, en el que Sánchez buscará de nuevo capitalizar el centro.

Y, más allá del apartado legislativo, queda por delante la asignatura de la mesa de diálogo, donde Aragonès ha ido elevando el tono en las últimas horas al comprobar cómo Pedro Sánchez da largas e incumple nuevamente el compromiso de reunirse con la Generalitat previsto para este mes de enero. Este desprecio de Sánchez a la mesa ha sido aprovechado por JxCat y las entidades independentistas para meter presión a Aragonès y tratar de pasar página al diálogo y preparar un nuevo envite. En Moncloa sostienen que el foro de diálogo se reunirá cuando sean capaz de alumbrar contenidos en él y, sobre todo, cuando se supere lo más crudo de la sexta ola En cualquier caso, la cuesta de enero se le puede hacer difícil a Sánchez.