Colau rechaza responder las preguntas de la acusación por presunta corrupción

“Estoy muy tranquila”. Así se ha manifestado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras declarar esta mañana ante el juez como investigada por los presuntos delitos de malversación, fraude en la contratación, prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. El caso lo lleva el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, después de aceptar la querella de la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) por supuestas irregularidades en el otorgamiento de subvenciones a cuatro entidades sociales: el Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) e Ingeniería sin Fronteras.

Al salir del juzgado, Colau ha comparecido en el Ayuntamiento y no se ha salido del guion respecto a las últimas semanas. “Estoy muy tranquila y muy contenta de colaborar con la justicia. No tenemos nada que ocultar”, ha afirmado Colau.

La alcaldesa, en cualquier caso, ha respondido a las preguntas de sus abogados y a las del fiscal, mientras que la magistrada no le ha hecho ninguna pregunta. Durante la declaración, Colau ha manifestado que el interventor recomendó al gobierno municipal que, en lugar de dar subvenciones extraordinarias y directas, se hiciera a través de los presupuestos por convocatorias ordinarias, y que el secretario general no vio ilegal que ella no se abstuviera en la votación para aprobar las subvenciones.

Asimismo, han explicado que su defensa espera que se archive el caso, mientras que fuentes fiscales han asegurado que “de momento no se tiene previsto pedir el archivo”, aunque han admitido que los hechos que se investigan son iguales en un 99,9% a la denuncia por los mismos hechos que se archivó en julio.

Hace un año la asociación Advocats Catalans per la Constitució (ACxC) intentó llevar a la alcaldesa de Barcelona ante la justicia por presuntas irregularidades en el otorgamientos de subvenciones por valor de 3,4 millones de euros. Entonces, sin embargo, la fiscalía decidió archivar la investigación. En esta ocasión ATCD acusa a la alcaldesa de haber beneficiado a estas entidades por la forma en que se tramitaron las ayudas durante al menos cinco años, mediante la concesión de subvenciones extraordinarias en lugar de haber abierto un proceso de convocatoria pública, a través del cual otras entidades sociales podrían haber optado por las aportaciones económicas.

ATCD, la asociación que ha llevado a Colau a los tribunales, cuestiona la finalidad de estas subvenciones otorgadas, que rondan los 150.000 euros anuales. Recuerdan que uno de los motivos por los que se otorga una ayuda de carácter extraordinario, pasando por alto la convocatoria pública, es el cumplimiento de un interés público. Según los querellantes, esta obligación no se cumplía porque casi todo el dinero, según afirman, servía para pagar los sueldos de los trabajadores de las entidades.

La defensa de Ada Colau aseguró en un recurso que presentó en los juzgados que las subvenciones habían sido perfectamente justificadas. Además, constatan que en la querella no se describe ninguna intervención explícita de la alcaldesa que pueda servir para relacionarla con delito alguno. De hecho, los abogados recuerdan que la concesión de estas ayudas depende de la Comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento y la Comisión de Presidencia, de las que Colau no forma parte.

Por todo ello, los abogados de la alcaldesa pedían al juez archivar el caso pero a pesar de sus argumentos, y de toda la documentación que presentaron, el juzgado rechazó su recurso y se afianzó en su decisión de tomarle declaración. Aparte de Ada Colau, la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) también acusa de los mismos hechos a la teniente de alcalde Laura Pérez, dos exconcejalas de Barcelona en Común, Gala Pin y Laia Ortiz, ya la directora de el Observatorio DESC, Irene Escorihuela.