El independentismo implosiona en una semana

En la pasada legislatura y con Junts aún al frente de la Generalitat, varios cargos del Ejecutivo acostumbraban a observar con cierta distancia las dificultades para formar Gobierno en la Moncloa y los posteriores recelos entre el PSOE y Unidas Podemos, ambos pujando por su parcela de poder. «Es lo que tiene una coalición, hay diferencias, roces. Pasa en toda Europa, nosotros llevamos años de experiencia», repetían con sorna desde la plaza de Sant Jaume. Ahora, apenas un par de años después, el independentismo protagoniza una batalla sin precedentes, los dos socios del Govern no posan juntos ni para una fotografía, el desencuentro alcanza incluso el blindaje del catalán y los republicanos han cambiado el paso acreditando los contactos de Carles Puigdemont con el entorno del Kremlin.

El pacto de conveniencia entre Junts y Esquerra saltó por los aires la semana pasada cuando Gabriel Rufián validó la mencionada conexión rusa del expresident y máximo referente posconvergente. El tono –se refirió al círculo de Puigdemont como «los señoritos que creían ser James Bond»– y el trasfondo de las acusaciones cayeron como un jarro de agua fría y enervaron al partido, que no dudó en hacer público su malestar. El insulto más escuchado entre sus filas fue «miserable» y el argumento que empezó a introducir Junts fue que ERC buscaba romper el Govern para formar un tripartito con los comunes y el apoyo externo del PSC.

«Qué vergüenza, hace cinco años Putin era un jefe de Estado como muchos otros, de países poco democráticos pero aceptados por todos [...] Excusas para tensar la cuerda, que dejemos el gobierno y un nuevo tripartito...», aseguró en un significativo mensaje Joan Canadell, uno de los diputados de la órbita de Puigdemont más beligerantes contra los republicanos. Un cambio de discurso y de tono evidentes ante una crisis difícilmente comparable, con Puigdemont en el centro de la diana y blindado por Junts y una parte de las bases independentistas.

Si la conexión con Rusia marcó un punto de inflexión en la pugna entre ERC y Junts que puede condicionar toda la legislatura, el blindaje de la inmersión lingüística y la respuesta a la sentencia del 25% de castellano han supuesto la prueba palpable de las maltrechas relaciones entre ambos. Coincidiendo con la huelga orquestada por los sindicatos y secundada por el Govern, los diputados y dirigentes de Junts plantaron a Pere Aragonès y al resto de consejeros republicanos y rechazaron participar en el acto contra el 25% de castellano al estar solo ERC presente. Una imagen de ruptura de la que es difícil escapar.

Y el sainete culminó el jueves cuando Junts se descolgó del acuerdo con ERC, PSC y comunes firmado horas antes para flexibilizar en cierta manera la inmersión y sortear el 25% de castellano al evitar fijar porcentajes. Una maniobra de riesgo para los posconvergentes, que ha abierto en canal el partido –el pacto fue negociado y validado, entre otros, por Jordi Sànchez, Laura Borràs y Albert Batet–, y con Puigdemont posicionándose públicamente y claramente en contra de la reforma. «La lengua catalana es y debe seguir siendo la lengua vehicular de la escuela. Y no se pueden abrir más grietas que le debiliten», lanzó el expresident a través de las redes sociales marcando la línea a seguir, más alineada con la CUP, la ANC y Plataforma per la Llengua.

Esquerra, en boca de Pere Aragonès, ya ha blindado la reforma de la Ley de Política Lingüística de 1998 –«es buena para la inmersión y favorece el catalán», dijo ayer el president– y defendió el «amplio consenso» con los comunes y el PSC pese al desmarque de Junts, a quien emplazó a volver a sumarse. De hecho, el pacto de la inmersión puede saldarse con una suma de izquierdas en el Parlament paralela al independentismo. Y de momento, los posconvergentes se quedan aislados mientras abren una nueva crisis con sus compañeros del Ejecutivo después de no compartir ni hoja de ruta ni la apuesta por la mesa de diálogo, otra de las claves de la legislatura.

Hoy, el Govern se verá las caras en una jornada de convivencia programada con anterioridad y de difícil digestión. Sin embargo y pese a los sucesivos avisos de Junts alimentanto el fantasma de la ruptura, parece prácticamente imposible que los posconvergentes salgan del Govern. Junts es un partido imberbe, que cumple dos años de vida este verano y que no goza de una estructura territorial ni fuerte ni asentada. Su prueba de fuego serán las municipales del año que viene, un test de supervivencia a nivel local ante el PDeCAT y los nuevos espacios que van surgiendo en el centro político catalán.

Por tanto, la posición de Junts en el Ejecutivo y su parcela de poder en la primera institución de Cataluña se antojan claves para una formación en desarrollo. Además, ocupar prácticamente la mitad de la Generalitat implica una bolsa de unos 200 altos cargos en puestos estratégicos, un botín que los posconvergentes no pueden dejar escapar. Es decir, necesitan la estructura que tienen a nivel de Govern para lograr redefinirse en el mapa catalán. Y mientras tanto, el objetivo de Puigdemont no es otro que impulsar su estrategia internacional –cuando su causa ante las instituciones europeas sobre las euroórdenes entra en la recta final– para autoerigirse en líder del independentismo completamente al margen de Esquerra y de los partidos.

A nivel interno, otro de los choques que se avecinan entre ERC y Junts es la situación de Laura Borràs tras ser procesada por corrupción. La Fiscalía tiene que presentar ya su escrito de acusación con el que el TSJC puede abrir juicio oral. De ocurrir, el reglamento del Parlament prevé que sea suspendida aunque aún no haya condena. Un extremo que la dirigente busca evitar a través de dos argucias, una más política y otra a través de los letrados, que necesitarán sí o sí del concurso de ERC. Y Esquerra siempre se ha mostrado muy crítica y beligerante contra Borràs y su imputación. Qué hacer con la presidenta del Parlament será el próximo caballo de batalla.