Guerra interna
Ultimátum de Aragonès ante el desafío de Junts
El president urge a los posconvergentes a decidir si rompen el Govern y avisa de que agotará la legislatura. El partido de Borràs exige ahora restituir a Puigneró
Cinco años después del mayor desafío del independentismo, el referéndum ilegal del 1 de Octubre, el Govern agoniza, los afiliados de Junts decidirán gran parte del devenir de la primera institución catalana en una consulta la semana que viene, y los partidos votan divididos en el Parlament cuestiones como el rumbo del «procés» o la estrategia en la mesa de negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez. Una fotografía resquebrajada del debate de política general más convulso que se recuerda, con el cese fulminante del vicepresidente y hombre fuerte de la posconvergencia en el poder, Jordi Puigneró –una vez suspendida Laura Borràs–, y un Ejecutivo precipitado al abismo. «Clínicamente muerto» fue el diagnóstico más escuchado ayer en la Cámara.
De hecho, la última jornada del pleno no contribuyó a dejar mejores sensaciones, al contrario. Pere Aragonès decidió tomar la palabra en el arranque de la sesión para exigir a Junts «máxima celeridad» para decidir si rompe y sale del Govern o bien continúa en el poder. Un mensaje duro y contundente que buscaba marcar perfil y fijar el relato de cara a un fin de semana convulso, con el quinto aniversario del 1-O este sábado y el límite de 72 horas de los posconvergentes que muere mañana por la noche.
«Necesitamos instituciones que estén al 100% al servicio de la ciudadanía. Y determinados debates no permiten que estemos centrados en los problemas actuales», advirtió el president al partido de Turull y Borràs. Eso sí, tanto su entorno como la cúpula de ERC descarta de plano un posible avance electoral y se muestran predeterminados a terminar la legislatura aun si hay ruptura. Fue el propio Oriol Junqueras quien dejó claro que la formación está «preparada» para «todos los escenarios», incluso el de gobernar en solitario si Junts abandona el gobierno. Entones, buscar los apoyos de los Comunes y el PSC sería clave.
En Junts tampoco parecen dispuestos a dar su brazo a torcer: los posconvergentes han remitido al president un mandato con «concreciones y garantías» en torno a tres exigencias que pasan por constituir el «Estado mayor del procés», un frente común entre Esquerra y Junts en el Congreso y la apuesta decidida por la autodeterminación y la amnistía en la mesa de diálogo. También la restitución de Puigneró, un aspecto añadido que complica las ya difíciles negociaciones.
Hay que «cumplir el mandato» de la «mayoría del 52%» que votó a partidos favorables a avanzar hacia la independencia. «La mejor garantía de estabilidad, de respetar las instituciones y la democracia, es cumplir los acuerdos», replicó el líder del grupo parlamentario posconvergente, Albert Batet.
La guerra sigue tan abierta que el Ejecutivo, desbordado por las circunstancias, desconvocó el acto institucional por el quinto aniversario del 1 de Octubre y lo sustituyó por una declaración institucional del president en solitario este mediodía. Estaba previsto que en el evento anulado, publicitado por el Govern desde hace semanas, participaran todos los consejeros en una imagen de unidad ahora imposible.
El profundo cisma en el Govern, con la consulta de Junts el 6-7 (jueves-viernes) amenazante, lo plasmaron los partidos en las votaciones de las propuestas de resolución presentadas, los mandatos que se extraen del debate del Parlament. ERC se quedo sola con los Comunes defendiendo el Acuerdo de Claridad presentado por Aragones el martes en el pleno, la propuesta estrella del president favor de un referéndum pactado en la mesa de diálogo a la que Junts se abstuvo.
Todo a las puertas de un año electoral como 2023, con los comicios municipales de primavera a la vuelta de la esquina y claves para Junts y para Esquerra. El partido de Jordi Turull y Laura Borràs suma más de 200 altos cargos en la Generalitat, con una bolsa de sueldos de 20 millones de euros en total, al margen de acumular poder en carteras tan importantes como la de Economía. Por si fuera poco, los alcaldes posconvergentes se niegan a perder el foco que otorga la Generalitat con situaciones realmente comprometidas en Barcelona y Girona (sin todavía candidatos).
ERC, por su parte, se ve en medio de esta crisis pendiente de si arrancar algún avance de la llamada «desjudicialización» en la mesa de diálogo; señalada por parte del independentismo en la calle –con un ojo puesto en la manifestación de hoy, a la que no acudirán ni Aragonès ni Junqueras–; y con el objetivo de ganar terreno a los socialistas ante 2023.
Cinco años después del 1-O, la ruptura en diferido parece instalada en el Palau de la Generalitat.
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