Laura Borràs, a juicio por corrupción el 10 de febrero

El juicio a la presidenta de Junts, Laura Borràs, por presuntamente fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y otorgarlos a dedo a un amigo será del 10 de febrero al 1 de marzo. La dirigente está acusada de prevaricación y falsedad documental y se sentará en el banquillo de los acusados a dos meses de las elecciones municipales de 2023.

En una diligencia remitida, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) señala el juicio durante ocho jornadas de mañana y tarde en estas fechas. La sesión se celebrará en la Sala de Vistas de del Palacio de Justicia, en el Passeig de Lluís Companys de Barcelona. El interrogatorio a Borràs será el 20 de febrero, después de las cuestiones previas que empezarán el día 10, a tan solo dos meses de las elecciones municipales de 2023.

También ha trascendido este viernes que el TSJC ha admitido que Emilio Hellín, ahora Luis Enrique, condenado por asesinar junto a otros ultraderechistas a la militante del Partido Socialista de los Trabajadores Yolanda González, comparezca como perito de la defensa de la presidenta de Junts.

En esta causa, la Fiscalía pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para Borràs, además de una multa de 144.000 euros por presuntamente fraccionar 18 contratos para encargar a dedo proyectos a un amigo sin necesidad de licitarlos entre 2013 y 2017, antes de su salto al terreno político de la mano del ex president Quim Torra.

También se sentarán en el banquillo su amigo Isaías H. -que supuestamente se favoreció de los contratos- y a Andreu P., que presuntamente lo ayudó a preparar los presupuestos y facturas que presentaba a la ILC, la entidad cultural pública dependiente de la Generalitat.

A finales de julio y tras decretarse la apertura de juicio oral por corrupción contra Borràs, ERC, PSC y CUP aplicaron el reglamento del Parlament y suspendieron a la dirigente de sus funciones de presidenta. En concreto, el artículo 25.4 indica que se debe “acordar la suspensión de los derechos y deberes de los parlamentarios de forma inmediata” cuando se decrete apertura de juicio oral –justo ahora– y en caso los delitos asociados a la corrupción como los que se le imputan a Borràs. Un trámite que certificaron los partidos para apear a la posconvergente del cargo después de que se negara a marcharse en varias ocasiones.