Atar el Hard Rock y bajar impuestos, las exigencias casi imposibles de Junts para los Presupuestos

Junts ha puesto precio a su apoyo a los Presupuestos del Govern de Pere Aragonès y exige una rebaja fiscal, atar el macrocomplejo del Hard Rock, en Tarragona, y blindar las escuelas concertadas, tres condiciones prácticamente imposibles de asumir para Esquerra, más cerca del PSC que de los posconvergentes en materia económica y social.

En concreto, el partido de Laura Borràs y Jordi Turull apuesta por una rebaja del tramo más bajo del IRPF del 10,5% al 10%, deflactar todos los tramos un 3,5% para ayudar a las familias a paliar la inflación y bonificar al 99% el impuesto de sucesiones en familiares de primer grado, lo que supone su práctica supresión. Una política fiscal que choca directamente con los Comunes, el partido que tiene más encaminado su acuerdo con el Ejecutivo de Pere Aragonès.

La formación de Jéssica Albiach apuesta justo por lo contrario, aunque sus ocho escaños obligan a Esquerra a tener que pactar las cuentas con uno de los grandes: o bien con Junts o con el PSC. Y aquí el Govern exige una mayor sintonía con los socialistas de Salvador Illa, que apuestan por dejar los impuestos tal como están y no incluir grandes cambios de cara al año que viene.

Sobre el Hard Rock, Junts pide al Govern asumir el «compromiso de tramitar y avanzar, sin dilaciones innecesarias» el plan urbanístico del macrocomplejo y aprobarlo antes de que termine 2022, además de ejecutar las inversiones que corresponden a la Generalitat durante 2023. Cabe recordar que aparcar el proyecto de ocio de Vila-Seca y Salou fue una de las exigencias que los Comunes pidieron al anterior Ejecutivo para aprobar los Presupuestos vigentes, por lo que el apoyo del partido morado se antoja difícil también en esta parcela.

La propuesta de Junts reclama también «revertir presupuestariamente la infrafinanciación» de la escuela concertada para garantizar su continuidad. Una medida que, según el partido, no está reñida con su defensa de la escuela pública.

Sin embargo, los posconvergentes resaltan que la concertada es un «pilar de país» que necesita fondos para no colapsar, por lo que piden incrementar en un 30% los precios de los módulos de los centros concertados para actualizarlos tras más de diez años sin cambios, también teniendo en cuenta el incremento de la factura de la luz. Otra iniciativa que entra en colisión con los Comunes y crea escepticismo dentro de las filas republicanas.

Junts también defiende crear una unidad específica antiokupaciones en los Mossos d’Esquadra «dotándola presupuestariamente», avanzar hacia un incremento de 5.000 millones en sanidad en cinco años y destinar el 25% del presupuesto de salud a la Atención Primaria, una medida en la que coinciden con los Comunes.

El Ejecutivo catalán pretende que al menos antes de iniciar 2023 se haya podido llevar el proyecto presupuestario al Parlament, para iniciar su tramitación. Con este calendario, el Govern ha pisado el acelerador esta última semana y ha intensificado las negociaciones con los grupos con el objetivo de poder cerrar un acuerdo o un preacuerdo en próximos días, lo que podría ser a mediados o finales de la próxima semana. Sin embargo, el PSC rechaza las prisas del Govern y trabaja en una propuesta concreta para empezar a negociar con ERC, con quien los socialistas exhiben una mayor sintonía que con Junts.