El pacto del Govern con los Comunes colapsa a Junts

El pacto sorpresa entre el Govern de Esquerra y los Comunes para los Presupuestos de 2023 no ha sentado nada bien en las filas posconvergentes, el partido que formaba parte del Ejecutivo hasta hace dos meses. «Nos ha sorprendido que hayan cerrado este acuerdo con los Comunes porque Aragonès dijo que el socio prioritario para cerrar los presupuestos era Junts», clamó ayer el portavoz de la formación, Josep Rius, visiblemente molesto por la alianza.

Más allá de la foto y de las preferencias en el orden de la negociación, lo cierto es que el acuerdo entre ERC y los Comunes ha cortocircuitado la vía posconvergente por el contenido de las propuestas alcanzadas. El documento firmado el miércoles contienen varias medidas opuestas a las exigencias de Junts, especialmente en temas como la fiscalidad, la escuela concertada o incluso los macroproyectos pendientes de ejecutar. El «modelo de país» que defienden los poconvergente y el de los Comunes son «opuestos» en varios aspectos, admiten en las filas del partido de Laura Borràs.

Preguntado en TV3 por si proyectos como el Hard Rock, la ampliación del Aeropuerto y el Cuarto Cinturón son imprescindibles para Junts, Josep Rius no quiso concretar aunque confirmó que son «aspectos muy importantes para el país». También destacó que entre las 50 medidas que presentaron al Govern hay algunas que consideran prioritarias, como ayudas a autónomos y empresas para pagar la factura energética, o la «actualización de los módulos de la escuela concertada».

Aspectos,la mayoría de ellos, incompatibles con el acuerdo entre el Govern de Pere Aragonès y la formación morada. De hecho, los posconvergentes exigen una rebaja fiscal, atar el macrocomplejo del Hard Rock (en Tarragona) y blindar las escuelas concertadas, tres condiciones prácticamente imposibles de asumir para Esquerra y que colisionan directamente con la facción catalana de Podemos. En cambio, el Govern y los Comunes acordaron aplicar más impuestos en vivienda y patrimonio, además de una nueva tasa para los cruceros y otra para los alimentos ultraprocesados, aspectos que no gustan nada en el seno posconvergente.

Especialmente difícil de asumir son los cambios «en la tarifa del impuesto sobre el patrimonio con el objetivo de que incorpore nuevas tasas para las grandes fortunas» ajustadas a las que se deriven del impuesto estatal de grandes fortunas» que suscribió el miérrcoles el Ejecutivo de Aragonès. Aún así y pese a las incompatibilidades evidentes, Junts quiere analizar punto por punto el acuerdo para plantear una contrapropuesta y tratar de añadir presión sobre Esquerra.

Por su parte, los republicanos mantienen que su intención es tratar de llegar a un acuerdo «a cuatro» –ERC, PSC, Comunes y Junts– para no tener que escoger entre socialistas o posconvergentes y que sean los demás partidos quienes sigan terminen cayendo de las negociaciones por su propio pie.

Las conversaciones con el partido de Salvador Illa también siguen adelante y ayer se dio por cerrada una primera etapa de encuentros técnicos para debatir aspectos sectoriales con el Govern. Es «ahora y en las reuniones de los próximos días», cuando «empieza la negociación de concreciones y de cifras», resumió la portavoz del PSC en el Parlament, Alicia Romero.