El B9, un antiguo instituto público okupado desde hace más de dos años, se ha convertido en foco de tensiones tras confirmarse que varias personas que viven en su interior han sido diagnosticadas con tuberculosis. Vecinos del entorno aseguran que ya advirtieron de la situación sanitaria a través de redes sociales el pasado 28 de agosto, fecha en la que también se registró un asesinato con arma blanca en el interior del inmueble. Desde entonces, la preocupación entre los residentes ha crecido ante la falta de respuesta institucional y el temor a una propagación del bacilo.

La alerta vecinal inicial fue compartida en redes sociales, acompañada de mensajes que denunciaban acumulación de basura, hacinamiento y venta de drogas en el perímetro del edificio. Los autores de la publicación reclamaban la intervención urgente de servicios sociales y sanitarios, ya que muchos de los ocupantes “caminan tosiendo sangre” y no disponen de acceso regular a atención médica. A pesar de la difusión, no fue hasta principios de septiembre cuando la Generalitat confirmó oficialmente la existencia de casos activos.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha cargado contra la Generalitat por la “falta de comunicación” y ha calificado de “irresponsable” que el Ayuntamiento no recibiera información sobre el brote hasta hace pocos días. Albiol ha recordado que los primeros casos de tuberculosis se detectaron ya en 2023 y ha exigido explicaciones sobre por qué no se activó antes un protocolo de control.

Desalojo en riesgo por la situación sanitaria

El proceso judicial para desokupar el B9 se arrastra desde 2023 y el consistorio badalonés lo consideraba la mayor operación de este tipo que se ha planteado en Cataluña. Sin embargo, la Generalitat ha advertido que, si el brote persiste, podrían suspenderse temporalmente los desahucios para evitar desplazamientos masivos que faciliten la dispersión del bacilo. Esta posibilidad ha generado frustración entre los vecinos, que ven cómo la solución legal se aleja mientras crecen los olores, el ruido y el tráfico de sustancias en la zona.

Los residentes exigen una respuesta coordinada entre Salud Pública, Policía y servicios sociales. Temen que la tuberculosis se propague a otros inmuebles del barrio del Remei y advierten de que muchos niños y ancianos conviven a escasos metros del foco.