El Parlament de Cataluña ha acogido este jueves la presentación del proyecto de ley de transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas, impulsado por PSC, ERC, Junts, Comuns y CUP. La norma, que el Govern liderado por Salvador Illa había adelantado la pasada semana al Consell del Taxi, prevé una entrada en vigor a finales de 2026 y comportaría la desaparición de 600 de los cerca de 1.000 vehículos de transporte con conductor (VTC) con licencia urbana en el Área Metropolitana de Barcelona.

El representante del PSC ha subrayado que la ley establece cuatro tipologías de transporte: taxis, VTC, vehículos de Alta Disposición y limusinas. “Hay una infraestructura de datos, un sistema informático, que permitirá que todos los vehículos, de las cuatro tipologías, puedan dar datos objetivos para que las administraciones públicas puedan tomar las decisiones más oportunas para dar un mejor servicio”, señaló. Además, esa infraestructura servirá también “como control para saber que cada una de las tipologías que se definen en esta ley hacen lo que se especifica en la ley”.

Por su parte, Junts justificó su apoyo al registro del texto porque “es evidente que hay una situación que hay que ordenar y regular, pues con el surgimiento de las VTC ha habido una situación de conflictividad”. La formación considera que “desde el punto de vista del usuario se incrementará la calidad del servicio”, aunque advierte que existen elementos “mejorables”, como la seguridad jurídica respecto al principio de libre competencia de la UE o el acompañamiento de las 4.000 licencias de VTC.

Requisitos lingüísticos y condiciones laborales

El proyecto contempla que los taxistas acrediten un nivel mínimo de catalán B1, aunque tanto Junts como ERC han adelantado que impulsarán enmiendas para elevarlo al B2. “Es imprescindible el blindaje de los derechos lingüísticos de los usuarios de taxi”, defendió Jordi Albert (ERC), quien añadió que la norma también permitirá “un control más exhaustivo” gracias a la geolocalización de los servicios y a la introducción de un régimen sancionador. Para los republicanos, la ley es igualmente necesaria para garantizar que “las condiciones laborales de los trabajadores del sector sean dignas”.

Junts, en la misma línea, avanzó que en el trámite parlamentario presentará enmiendas para exigir también el nivel B2 de catalán a los conductores de VTC, igual que ha hecho Laure Vega, portavoz de la CUP.

Impacto territorial y visión de servicio público

Desde Comuns, Lluís Mijoler subrayó la importancia de no limitar el debate a Barcelona: “No encaramos solo con visión metropolitana, también creemos que es una cuestión estratégica para las zonas rurales, donde a veces el taxi es la única alternativa al coche privado para la movilidad de las personas”. Recalcó que se trata de un servicio público que necesita precios regulados y mostró su preocupación por “los derechos de los trabajadores y de las VTC”, igual que ha hecho Jordi Albert, de ERC.

La CUP, por su parte, enmarcó la iniciativa como “una lucha contra la economía de plataforma”. Laure Vega destacó que la ley debe “servir para acompañar a los trabajadores de la VTC que no tienen buenas condiciones laborales” y defendió que “es un buen ejemplo de que lo público tiene que quedar blindado de lo privado”.

Limitaciones para las VTC y cifras en disputa

El texto limita la actividad de las VTC urbanas: se les prohíbe captar clientes en la vía pública y se fija una precontratación mínima de 10 minutos. En el caso de los vehículos de Alta Disposición, el plazo será de dos horas, con la obligación de estar a disposición del usuario durante al menos una hora. Para las limusinas, se exigirá una reserva con 12 horas de antelación.

Estas restricciones han generado un fuerte rechazo en el sector. El presidente ejecutivo de Unauto VTC, José Manuel Berzal, advirtió que el sector “no se dejará matar” y cifró en 325 millones de euros el coste de la aplicación de la ley, incluyendo la pérdida de unos 6.000 empleos. Berzal sostuvo que, con las más de 3.700 licencias de VTC actualmente existentes en Cataluña, “habría un potencial económico de 445 millones para el territorio y de creación de 10.500 puestos de trabajo directos e indirectos”. Si la norma prospera, añadió, “se dejarían de dar 126 millones de euros en salarios” y deberían abonarse “55 millones en prestaciones por desempleo”.

El Govern, en cambio, defiende que la prioridad será fomentar el transporte público y que, si se cumplen los criterios medioambientales y es necesario ampliar la oferta, se hará a través del taxi, al considerarlo un complemento del transporte colectivo.

La ley prevé excepciones temporales en eventos singulares con gran afluencia de visitantes, como el Mobile World Congress, donde se permitirá que vehículos con autorizaciones interurbanas de VTC domiciliadas en Cataluña u otras comunidades autónomas puedan operar con origen en el territorio o en determinados puntos del mismo.