Hispanofobia

La denuncia del músico que fue despedido de la orquesta municipal de Barcelona solo por no saber catalán llegará a juicio en mayo

«Para muchas profesiones es desproporcionado y absurdo, pero en el caso de la música... El lenguaje musical es universal. Esta utilización de la lengua es un esperpento, una aberración", protestó José Joaquín Sánchez.

En la imagen, la Ciutat de la Justícia
En la imagen, la Ciutat de la Justícia Europa Press

El despido de un clarinetista de la Banda Municipal de Barcelona se dirimirá en un juicio el próximo 6 de mayo, después de que se suspendiese la vista oral que estaba prevista que se celebrara en el Juzgado de lo Social número 34 de Barcelona.

El músico, que llevaba más de 25 años en la banda, demandó al Ayuntamiento de Barcelona tras su despido el año pasado al no acreditar un dominio del catalán equivalente a un C1 durante el proceso de estabilización de su plaza.

Ambas partes han acordado que se suspendiese la vista oral dado que el afectado acudió a la vía contenciosa para pedir la impugnación de las bases del concurso, en un proceso que todavía no se ha resuelto y que podría afectar al presente procedimiento, por lo que el juicio se ha aplazado al 6 de mayo.

El sevillano José Joaquín Sánchez, de 53 años, fue despedido por el Ayuntamiento de la capital catalana, que gobierna el PSC, por no haber sido de capaz de acreditar un dominio suficiente de lengua catalana, el equivalente al conocido nivel C1.

«Para muchas profesiones es desproporcionado y absurdo, pero en el caso de la música... El lenguaje musical es universal. Esta utilización de la lengua es un esperpento, una aberración. Se está empleando el catalán como un arma política de discriminación», protestó Sánchez.

Después de casi tres décadas como interino del Consistorio, en un posible fraude de ley, el Ayuntamiento de Barcelona lo empujó a participar en un concurso de méritos para regularizar su plaza. Lo hizo a finales de 2022, forzado por la ley estatal 20/21 de estabilización del sector público que, a su vez, fue aprobada para dar cumplimiento a una orden de la Unión Europea que instaba a los países miembro a acabar con esos perennes interinajes que abundan en la Administración Pública.