El pasado 13 de diciembre de 2024, un transportista y repartidor de la empresa General Logistics Systems Spain, S. A. (GLS) entregó un paquete a un cliente. Al pedirle el número del DNI, este se lo dijo en catalán, y el transportista le pidió repetírselo en castellano porque no lo entendía.

El cliente se negó, por lo que el repartidor se llevó el paquete y Marc, el denunciante, hizo una reclamación formal a GLS por el incidente, sin obtener una respuesta que le satisficiera. Según informa ElMón, Acció Calassandra, una entidad jurídica que defiende “los derechos del pueblo catalán y denuncia ataques contra su identidad, lengua y libertad”, ha interpuesto ahora una denuncia penal contra GLS por presunto delito de odio por los hechos ocurridos en diciembre del año pasado.

Según Acció Calassandra, el incidente supuso “una lesión a la dignidad del denunciante”, y citan en la denuncia el artículo 510.2 del Código Penal. Este artículo afirma que “serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años”: “Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito (...) por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

En este sentido, Marc, el denunciante, y Acció Calassandra, denuncian una violación “flagrante” de los “derechos lingüísticos” del cliente y acusan a la empresa repartidora de un delito de odio. Además, piden a la justicia que identifique al transportista y que reconozcan al denunciante como acusación particular. “No podemos permitir que se normalice el desprecio hacia el catalán en ámbitos tan cotidianos como la entrega de paquetes”, asegura la asociación catalana.