La Generalitat siempre ha utilizado el catalán como una especie de arma de control sobre empresas y comercios. Según datos oficiales, en 2024 se impusieron 206 sanciones a negocios por no rotular o etiquetar en catalán, con una recaudación superior a 400.000 euros.

Lejos de centrarse en pequeños establecimientos, la presión también alcanza a grandes superficies. El caso más sonado es el de Carrefour, que recibió una multa de 7.500 euros por no etiquetar en catalán, una sanción confirmada incluso en sede judicial. Otras cadenas de supermercados acumulan decenas de expedientes, aunque la administración siempre evita dar nombres de manera pública, ocultando la información bajo el pretexto de la confidencialidad.

Organizaciones separatistas como Plataforma per la Llengua —conocida como la “ONG del catalán”— se dedican a señalar empresas y comercios con rankings, aplicaciones de denuncias y campañas que animan a la población a delatar a quienes no utilizan la lengua regional. Incluso partidos como la CUP han presentado denuncias masivas contra establecimientos en Barcelona, con el objetivo de forzar la normalización lingüística.

Esta estrategia demuestra, una vez más, cómo el independentismo antepone la ideología a la libertad de empresa y de los consumidores. Numerosas entidades denuncian que "en lugar de centrarse en mejorar servicios, competitividad o precios, la Generalitat se dedica a multar y vigilar el idioma de los rótulos y etiquetas, instalando un verdadero sistema de “policía lingüística” en pleno siglo XXI.