La Guardia Civil refuerza su vigilancia con drones en el aeropuerto de El Prat de Barcelona tras 260 infracciones

La Guardia Civil, a través del Equipo Pegaso, con base operativa en el aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat e integrado en la Comandancia de Barcelona, supervisa el espacio aéreo en esta provincia, a través de avanzados sistemas de detección.

Esta unidad especializada detecta, identifica y denuncia infracciones relacionadas con vuelos no autorizados, garantizando el cumplimiento de la normativa aérea mediante el análisis de datos técnicos almacenados en los sistemas de detección, como la identificación del dron, su marca, modelo y número de serie, lo que permite identificar a los pilotos y proponer sanciones.

El pasado año 2024 fueron 261 las denuncias cursadas en Barcelona en este ámbito por incumplimiento de la normativa, siendo las zonas más comunes donde se realizan vuelos irregulares lugares turísticos como Sagrada Familia, Barceloneta, Park Güell, Tibidabo y Montjuïc, y los motivos, la falta de registro del operador, la carencia de coordinaciones necesarias con ENAIRE, encargada de la gestión de la navegación aérea en España, y la omisión de comunicación del vuelo al Ministerio del Interior.

De esta manera, la Guardia Civil ha reforzado en los últimos meses la vigilancia del espacio aéreo en torno al Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

Este grupo especializado tiene como misión controlar los vuelos de aeronaves no tripuladas en zonas sensibles, garantizar la seguridad de las operaciones comerciales y prevenir intrusiones que puedan poner en riesgo el tráfico aéreo.

Desde su base operativa en el propio aeropuerto, los agentes monitorizan en tiempo real las zonas de aproximación y despegue de los aviones, donde el vuelo de drones está estrictamente prohibido. Para ello emplean tecnología de detección capaz de localizar la señal, el modelo e incluso la ubicación exacta del piloto del dron, permitiendo actuar de forma inmediata ante cualquier incidente. En los casos más graves, los efectivos pueden neutralizar o inhibir el control remoto del aparato, evitando interferencias con las aeronaves civiles.

Las infracciones más comunes incluyen la falta de autorización, el incumplimiento de alturas máximas o la ausencia de registro obligatorio del operador. Las sanciones pueden alcanzar multas de hasta 225.000 euros según la normativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

El incremento del uso recreativo y comercial de drones ha obligado a intensificar las medidas de control en espacios aéreos críticos. El Aeropuerto de Barcelona es considerado una zona de vuelo restringido y cualquier operación con drones requiere coordinación previa con ENAIRE y la autorización expresa de AESA. La Guardia Civil recuerda que, además de las sanciones administrativas, volar un dron sin permiso en un entorno aeroportuario puede constituir un delito contra la seguridad aérea.

Con este refuerzo tecnológico, el cuerpo pretende garantizar que la creciente actividad de aeronaves no tripuladas no comprometa la seguridad de los vuelos comerciales ni la normalidad operativa del aeropuerto. La vigilancia con drones y sistemas de detección avanzados forma ya parte del “escudo invisible” que protege diariamente el espacio aéreo de El Prat.