
Reportaje
L' Hospitalet de Llobregat: el polvorín de inseguridad olvidado
La criminalidad crece un 9,7% en un año mientras el gobierno municipal mantiene bloqueado el convenio a una Guardia Urbana que reclama más agentes, mejoras salariales y materiales

El pasado miércoles 3.000 vecinos de Hospitalet de Llobregat partieron de la plaza de la Bòbila hasta el Ayuntamiento de la localidad exigiendo al alcalde del PSC David Quirós medidas contundentes contra la inseguridad, hartos de años de hurtos, robos con violencia, agresiones, okupaciones, multirreincidentes y narco pisos. Aunque el malestar es palpable desde hace tiempo, nunca había habido una marcha de tal magnitud, por lo que, según algunas voces del municipio, se trata de “un hecho histórico que sienta un precedente para que el gobierno municipal tome nota”. El manifiesto de la marcha recogía las principales exigencias: más presencia policial, medidas contra la delincuencia, apoyo a los comercios y garantías de convivencia.
Y es que según el último barómetro municipal, el 38,3% de los vecinos de Hospitalet considera que la inseguridad es el principal problema de la ciudad. Desde 2012 que el porcentaje no era tan alto. Además, el 60% de los ciudadanos creen que la imagen de la ciudad ha empeorado en los últimos años. Esos resultados se ven reflejados en los datos: según el Ministerio del Interior, la criminalidad ha subido en un año un 9,7%. Mientras en el segundo trimestre de 2024 hubo 9.818 incidentes delictivos, en 2025 el número ha ascendido a 10.771. Particularmente, la ola de criminalidad que vive la ciudad azota a los barrios de Pubilla Casas, la Florida, Can Serra, la Torrassa y Santa Eulàlia.
Esta realidad no se queda en los números: los vecinos la viven en su día a día. Un residente de L’Hospitalet explica a este diario que “pasan los años y la situación va a peor”. Lo que más le indigna, añade, es la pasividad del Ayuntamiento: “Lo único que hacen es pintar más zonas verdes y azules”.
Un conflicto enquistado
La situación de inseguridad reflejada en las estadísticas y en el imaginario de los vecinos se ve agravada por un conflicto de carácter político. El convenio laboral de la Guardia Urbana, que se firmó en 2011 con fecha de caducidad en 2014, se prolongó automáticamente hasta 2016 y, desde entonces, no ha sido actualizado. Los agentes llevan años reclamando mejoras tecnológicas, materiales, salariales y laborales pero, dicen “el Ayuntamiento nos tiene abandonados. Nos han hecho alguna oferta, pero son una broma”, declara una fuente policial.
¿La causa? Son dos, principalmente. Por un lado, el Ayuntamiento sostiene que no puede rebasar el límite de la masa salarial. Sin embargo, según explica a este diario Juanjo Torán, portavoz del Sindicato Mayoritario de la Guardia Urbana (SPL-CME), “esa excusa no tiene sentido, ya que el resto de municipios del Área Metropolitana de Barcelona sí han ido mejorando sus salarios y condiciones”. “Yo lo que creo —añade— es que David Husillos, el teniente de alcalde, tiene una especial animadversión hacia la policía”.
En segundo lugar, la precariedad de las condiciones laborales ha provocado un aumento de las bajas médicas entre los agentes, algo que el consistorio interpreta como “ausentismo laboral”. Hasta que ese supuesto “ausentismo” no se reduzca, el gobierno del PSC se niega a retomar el diálogo con la Guardia Urbana. De hecho, el pasado 9 de septiembre rompió unilateralmente la negociación, comunicando por correo electrónico a los trabajadores que se levantaba de la mesa. La policía, por su parte, asegura que no negociará en cualquier circunstancia.
Las reclamaciones de la policía abarcan múltiples frentes, empezando por el económico. Un informe de la Diputación de Barcelona revela que un agente de la Guardia Urbana de L’Hospitalet cobra unos 2.000 euros menos al año que los policías de otros municipios del AMB con menor número de delitos. “La única zona que iguala a Hospitalet en delitos es el distrito de Ciutat Vella, en Barcelona”, dice. Piden, pues, una equiparación salarial con otros municipios similares en población. Además, según fuentes del sindicato SPL-CME, los agentes acumulan pagos pendientes desde 2020 por prolongaciones de jornada (trabajo fuera del horario habitual), así como por servicios prestados en el día de San Juan de 2024.
Pero las quejas no se limitan al terreno económico. Torán denuncia que, mientras en otros municipios se crean unidades caninas, de orden público, se incorporan drones o se moderniza el equipamiento, la Guardia Urbana de L’Hospitalet sigue prácticamente igual que hace tres décadas. En el área de tráfico, por ejemplo, “seguimos con motos de hace 20 años”. Para imponer sanciones, los agentes usan papel de calca “pagado por nosotros mismos; es una dejadez total”. Estas condiciones, advierte Torán, provocan que muchos policías jóvenes opten por marcharse a otros destinos antes que quedarse en L’Hospitalet, reduciendo así el número de efectivos en las calles. De los 450 agentes presupuestados, solo 340 están en activo. “Somos un meme de ciudad y de policía local”, concluye el portavoz sindical.
Ante esta situación, la oposición municipal exige medidas. Sonia Esplugas, líder del PP, apunta directamente a Núria Marín, alcaldesa durante 16 años seguidos, cuyos últimos cuatro años de mandato “fueron un abandono absoluto al estar más preocupada de su candidatura a la Diputación y de sus casos de presunta corrupción”. También apunta al actual alcalde, David Quirós, quien “se limita a decir que el malestar lo genera la extrema derecha y a tacharnos de alarmistas”. El grupo popular ha presentado varias mociones para mejorar las condiciones salariales y materiales de la policía, y aunque muchas de ellas se han aprobado, incluso con votos del PSC y los Comunes, ninguna se ha llevado a la práctica.
Por su parte, Francisco González, de Vox, señala directamente a Jesús Husillos, teniente de alcalde por “negar la inseguridad, despreciar a los policías y abandonar a los vecinos a merced del crimen”. Además, va más allá y ve también el problema en “la falta de campañas sostenidas de fomento del civismo, que se refleja en el deterioro del espacio público, el incumplimiento de las normas básicas de convivencia y la degradación del paisaje urbano”.
En medio de este panorama, lo que antes eran barrios llenos de vida y familiares, hoy se han vuelto en zonas donde el crimen es impune. Ante esta situación, muchos comercios han colgado un cartel que reza: “Vecinos y comercios organizados contra la delincuencia. Información en grupos de WhatsApp y Telegram”. Ante la falta de agentes y el abandono del Ayuntamiento, los vecinos han tomado cartas en el asunto.
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