El Parlament de Catalunya ha aprobado este jueves una moción del Partido Popular que reclama al Govern una actuación “firme” frente a la okupación ilegal de viviendas. La iniciativa ha unido, de forma poco habitual, a partidos tan dispares como PSC, Junts, Vox y Aliança Catalana, que han votado a favor de medidas como los desalojos exprés en 24 horas. En cambio, ERC, Comuns y la CUP se han opuesto por considerar que la moción no aborda el problema desde una perspectiva estructural.

La moción insta al Gobierno central a facilitar la tramitación de dos proposiciones de ley, una del PP y otra de Junts, que reforman el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir desalojos casi inmediatos. El texto también reclama que estos casos se tramiten como juicios rápidos, y exige al Ejecutivo catalán que despliegue un plan contundente contra este fenómeno.

Protección a propietarios y críticas a la izquierda

El texto aprobado aboga por reforzar la protección a propietarios, comunidades de vecinos y pequeños arrendatarios afectados por ocupaciones ilegales. La diputada de Junts, M. Àngels Planas, criticó la “pasividad y buenismo” de la izquierda, a la que responsabilizó de que “los pequeños propietarios vivan procesos interminables para recuperar su vivienda”.

Desde el PSC, el diputado Antonio Poyato marcó distancias con el enfoque del PP, afirmando que, aunque su partido apoya la moción, no comparte su simplificación: “No hay okupaciones buenas o malas, todas son malas, pero hay realidades distintas: la okupación delincuencial y la de personas vulnerables. En el primer caso se debe aplicar el Código Penal; en el segundo, dar una respuesta social”.

Oficina específica y atención a los vulnerables

Uno de los puntos aprobados plantea la creación de un servicio específico que coordine las acciones de la Generalitat y los entes locales para combatir la okupación. Originalmente denominado “oficina antiokupa”, ha sido rebautizado a instancias del PSC para evitar un enfoque exclusivamente represivo.

También ha habido consenso en reforzar la protección social a familias vulnerables que okupan por necesidad. En este punto, el Parlament pide que se les ofrezcan alternativas habitacionales en el parque público y ayudas para pagar el alquiler. Este punto contó con el apoyo de PSC, Junts, ERC, PP y Comuns, mientras que Vox y Aliança se abstuvieron y la CUP votó en contra.

Choque ideológico con la izquierda alternativa

Desde ERC y Comuns se ha denunciado el enfoque del texto. “Son políticas para beneficiar a los poderosos”, dijeron los republicanos. Los Comuns acusaron al PP de promover una “moción del miedo”, en línea con la CUP, que también se opuso al texto por considerarlo “punitivista y alejado de las causas reales del problema”.

Pese a los desacuerdos, la moción ha dejado una imagen insólita en el hemiciclo: la confluencia de una amplia mayoría transversal a favor de medidas más duras frente a la okupación, aunque desde sensibilidades y matices muy distintos.