El pasado 30 de mayo, el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts per Catalunya anunciaron un nuevo acuerdo político que, una vez más, ha encendido las alarmas en la oposición y en el ámbito institucional. En esta ocasión, el pacto afecta a una pieza clave de la administración local: los secretarios, interventores y tesoreros municipales. Se trata de funcionarios con habilitación nacional, es decir, seleccionados por el Estado, que desempeñan funciones esenciales en los ayuntamientos de toda España.

El acuerdo establece que la Generalitat de Cataluña asumirá la gestión integral de estos puestos, a través de una disposición adicional incluida en la nueva Ley de Función Pública del Estado. El Partido Popular ya ha anunciado que recurrirá la medida ante el Tribunal Constitucional (TC), como parte de lo que consideran una nueva "cesión" del Ejecutivo socialista al independentismo catalán.

Un pacto con consecuencias

Según detallaron Junts y el PSOE, el acuerdo otorga al Govern de la Generalitat competencias completas sobre estos funcionarios: podrá crear, suprimir y clasificar los puestos; aprobar las ofertas de empleo público; llevar a cabo los procesos de selección y provisión; realizar los nombramientos y ejercer la gestión administrativa integral del cuerpo. En la práctica, Cataluña pasará a controlar el acceso y la carrera profesional de unos funcionarios cuya independencia se considera clave para garantizar la legalidad en la administración local.

Junts celebró el acuerdo como un avance histórico para el municipalismo catalán y una reversión de la “recentralización” impuesta, según ellos, por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Además, defienden que con esta medida se pone fin a una situación crítica en muchos ayuntamientos de Cataluña, donde dos de cada tres plazas de secretaría, intervención o tesorería están vacantes o cubiertas de manera interina.

El pacto incluye también otras medidas sensibles, como la obligación de los funcionarios estatales de atender a los ciudadanos en catalán si así lo solicitan, y la reserva de plazas para catalanohablantes en la función pública judicial.

¿Qué hacen y por qué son clave?

Los secretarios, interventores y tesoreros municipales son funcionarios de carrera que han superado procesos selectivos altamente exigentes, organizados a nivel estatal. Su función principal es garantizar el buen funcionamiento legal, financiero y administrativo de los ayuntamientos. Son piezas independientes dentro del engranaje municipal, y su existencia busca evitar que el poder político local actúe fuera de la legalidad o de forma arbitraria.

El secretario es el encargado de dar fe pública de los actos del pleno y otros órganos municipales, además de asesorar jurídicamente a los cargos electos. El interventor controla y fiscaliza internamente toda la actividad económico-financiera del ayuntamiento, asegurándose de que los recursos públicos se gestionen con arreglo a la ley. El tesorero, por su parte, se ocupa de la gestión y custodia de los fondos públicos, así como de los pagos y cobros de la administración local.

Precisamente por el peso que tienen, sus funciones se han mantenido bajo control estatal, independientemente del color político del Gobierno central o de los gobiernos autonómicos. Son vistos como un dique de contención frente a posibles abusos de poder, corrupción o irregularidades presupuestarias. De ahí que el traspaso de su gestión a una comunidad autónoma, y en particular a una potencialmente gobernada por fuerzas independentistas, haya generado un fuerte rechazo en amplios sectores institucionales.

El PP recurrirá al Constitucional

Este viernes, el Partido Popular ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar la aplicación de esta disposición adicional específica para Cataluña. El diputado del PP en el Congreso, José Enrique Núñez, ha denunciado lo que considera una nueva “cesión” de Pedro Sánchez a los intereses de Junts, en una estrategia que a su juicio busca desmantelar el Estado en Cataluña a cambio del apoyo parlamentario de los independentistas.

Acompañado del secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, y del portavoz parlamentario, Juan Fernández, Núñez ha subrayado que “Sánchez utiliza a estos servidores públicos como moneda de cambio, con el silencio cómplice de Salvador Illa”. El PP ya ha presentado una proposición en el Congreso para oponerse al pacto y prepara otra iniciativa en el Senado, en lo que describen como una “batalla en todos los frentes” para impedir que el acuerdo salga adelante.

Juan Fernández ha sido especialmente crítico con el contenido del pacto y sus consecuencias. Tras reunirse con asociaciones de secretarios, interventores y tesoreros municipales, ha advertido que “se está tratando de convertir a este cuerpo de funcionarios en un brazo político”. A su juicio, se trata de una operación con motivación claramente ideológica que no va a mejorar la calidad del servicio público, sino a "desmantelar el Estado en Cataluña"