El PP presenta una enmienda a la totalidad a la Ley del Juego

El Grupo Parlamentario Popular en Les Corts ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley del Juego del Consell del Botànic, al considerar que “se olvida de la lucha contra la ludopatía, es un texto impuesto y sin diálogo con el sector y únicamente tiene un fin recaudatorio”.

Así lo ha explicado el portavoz de Economía, Rubén Ibáñez, quien ha explicado que los “populares” solicita la devolución al Consell de este texto, “que además es el mismo que ya presentaron la legislatura pasada y ni siquiera han incorporado nada de la multitud de enmiendas que presentaron los grupos parlamentarios”. El diputado ha recordado que en aquella ocasión se llegó hasta el trámite de las enmiendas parciales en comisión, pero al terminar de forma anticipada la legislatura y disolverse Les Corts la Ley quedó paralizada.

Ibáñez ha lamentado que el proyecto de Ley no recoge de forma específica “cuestiones de absoluta trascendencia, como la distancia entre salones de juego, y a pesar de que se presupone que el espíritu de la norma es la protección frente a posibles conductas adictivas como la ludopatía no se aborda un programa de prevención, la protección de la salud y el consumo que ayude y proteja a quienes se ven atrapados por las apuestas”.

“Es cierto que la vigente Ley del juego data del año 1988 y debe tenerse en cuenta su adaptación al entorno normativo sobre el juego y apuestas, además de contemplar los cambios tecnológicos, pero desde el grupo popular no compartimos los principios y el espíritu que inspira esta iniciativa legislativa. Se ve claramente que el Consell carece de un criterio transversal para el sector en su conjunto y además se crea un marco legal que no garantiza el principio de seguridad jurídica”, ha explicado.

Rubén Ibáñez ha señalado que el proyecto “contempla medidas que suponen una profunda planificación del sector, pero su inclusión no ha sido precedida del diálogo y consenso con los actores implicados”. “Se constata una ausencia de diálogo e interés por la escucha activa por parte del Consell, imponiendo una norma que no refleja ni las necesidades y demandas sociales, ni las sectoriales”, ha añadido.

“A todo ello hay que añadir que, no responde a las propias expectativas generadas en su propia exposición de motivos, en cuanto al juego responsable. Supone un aumento desmesurado de la presión fiscal sobre el sector del juego y las apuestas, contemplando, de otro lado, una relajación del régimen sancionador sin argumentos ni análisis que la sustente”, ha indicado.

“En definitiva, la iniciativa legislativa cuya tramitación parlamentaria se inicia, supone un texto impuesto por el Consell, que carece de una interlocución clara con los actores principales del sector afectado, elaborado de espaldas a las necesidades de la sociedad, que profundiza en la carga fiscal y no combate sus incumplimientos con un régimen sancionador coercitivo ni acorde a la tributación al alza prevista. Tal y como está presentado este proyecto de Ley la finalidad es únicamente recaudatoria”, ha concluido.

Sin tragaperras en los bares

Unides Podem propone limitar la instalación de máquinas de juego a aquellos establecimientos dedicados específicamente a ello, lo que supondrá eliminar las “máquinas tragaperras” de los bares en un plazo de diez años, y plantea también prohibir la publicidad del juego. Así se recoge en las 43 enmiendas que el grupo parlamentario presenta en Les Corts Valencianes al proyecto de ley del Juego, en las que además de mejorar la regulación de este sector, quieren incidir también en la prevención y la deshabituación de esta práctica. Según la síndica del grupo, Naiara Davó, las propuestas de Unides Podem van en la línea de las presentadas por sus socios de gobierno, PSPV-PSOE y Compromís, pero se ha optado por mantenerlas de forma separada para respetar el trabajo realizado por Podem en la pasada legislatura, cuando no formaba parte del Consell. No obstante, tanto ella como el diputado Ferrán Martínez, están convencidos de que no será difícil alcanzar acuerdos con estos grupos, y confían que también con el resto de formaciones de la Cámara, durante el trámite de la norma.Las enmiendas de Unides Podem plantean que los establecimientos de juego estén a una distancia mínima de mil metros de colegios y centros sanitarios y sociales, y que haya un mínimo de 500 metros entre locales de juego, así como que solo pueda haber un casino por provincia y dos salas anexas. En el caso de los bingos, salones de juego o casas de apuestas, solo se permitirá un local cada 15.000 habitantes, y en el de los establecimientos recreativos, podrá haber uno por cada 400.000 habitares. Esto supondrá, según Martínez, que en las provincias de Valencia y Castellón el sector no podrá crecer más, mientras que en la de Alicante deberá haber una reducción. También se propone limitar los establecimientos, de manera que las máquinas de juego solo puedan instalarse en aquellos locales dedicados específicamente a esta práctica, lo que prohibiría las “máquinas tragaperras” en los bares. Esto no afectaría a las ya existentes, que podrían agotar las concesiones en vigor, que se dan por un máximo de 10 años, según Martínez. Las enmiendas de Unides Podem también plantean suprimir la publicidad del juego “siguiendo la misma lógica que con el tabaco”, de manera no podrá haber vallas publicitarias, ni carteles en el exterior de locales, estadios o en el espacio público, ni tampoco publicitarse en medios de comunicación locales o autonómicos ni haber promociones para atraer clientes. Por otra parte, la formación morada introduce una serie de medidas encaminadas a la prevención y la deshabituación del juego, por considerar que se trata “un problema de salud pública” que afecta cada vez más a jóvenes e incluso menores, y reclama la creación de una estrategia valenciana de prevención y deshabituación. Desde Unides Podem, confían en que a ley valenciana sea “precursora” de la ley de ámbito nacional que debe aprobar el nuevo gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, y que debe llegar adonde la Comunitat no puede, como es el juego por internet o la publicidad en los medios de comunicación nacionales.