El pleno del Consell ha aprobado este viernes una serie de medidas relacionadas con la pandemia de coronavirus, entre las que figura un decreto ley que establece ayudas directas a los trabajadores autónomos de entre 750 y 1.500 euros y el aplazamiento del pago de impuestos autonómicos

Asimismo, se han adoptado medidas extraordinarias para los servicios esenciales de emergencias que actúan frente al COVID-19, y se ha acordado garantizar el pago total de las plazas de los centros de día que estén cerrados por la pandemia, según ha explicado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

El decreto ley de medidas urgentes de apoyo económico y financiero a los trabajadores autónomos y de carácter tributario para hacer frente al impacto del COVID-19 permitirá ofrecer, a través de Labora, ayudas de entre 750 y 1.500 euros para atender el cese o la reducción de actividad de los autónomos.

En total, la Generalitat destinará 57,5 millones de euros a estas ayudas a los autónomos, cuyos detalles se regularán próximamente a través de un decreto, ha precisado la vicepresidenta en rueda de prensa.

Además, el real decreto contempla que, para mejorar la liquidez financiera de las empresas, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) aportará 17 millones de euros al Fondo de Provisiones Técnicas de Afín-SGR, para reforzar así la concesión de avales, y facilitará las condiciones de repago de los créditos ya concedidos. El IVF también va a modificar las condiciones de sus líneas de financiación bonificadas, para que además de financiar proyectos de inversión puedan cubrir necesidades de liquidez ligadas a la reposición de capital circulante, y se le autoriza a destinar beneficios del ejercicio anterior a bonificar la financiación que conceda este año.

Por lo que respecta a las medidas tributarias contempladas en el real decreto, Oltra ha explicado que se amplían, hasta un mes después del fin de la vigencia del estado alarma, de los plazos para la presentación y pago de las autoliquidaciones del tramo autonómico de varios impuestos.

Se trata del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y los Tributos sobre el Juego, y con ello se busca aliviar la carga impositiva de los ciudadanos y evitar desplazamientos a las sedes tributarias para su pago.También se suprime, con efectos desde el 1 de enero de 2019, la obligación del arrendatario de tener que presentar la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para obtener la deducción autonómica en la declaración de la renta por arrendamiento de la vivienda habitual, de la que se podrán beneficiar sin entregar la autoliquidación.

Además, se aplicará la tramitación de emergencia a todos los contratos que hayan de celebrarse por la Administración de la Generalitat o sus organismos públicos y entidades de derecho público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consell para hacer frente al COVID-19.

Por otra parte, Oltra ha explicado que el pleno del Consell ha ratificado la resolución de la Conselleria de Igualdad que garantiza el pago total de las plazas de los centros de día cerrados por el COVID-19, con el fin de garantizar la atención domiciliaria y el seguimiento de los usuarios, que incluyen a personas con diversidad funcional, mayores e infancia y adolescencia.

El pleno del Consell ha tramitado también un decreto con medias extraordinarias para los servicios esenciales de Emergencias que actúan frente al coronavirus, por el que se extiende a este personal las medidas aplicadas a los recursos sanitarios mientras dure el estado de alarma.

De esta forma, el personal de Emergencias -como el personal del teléfono 112 o los bomberos y agentes forestales- podrá ser requerido para realizar funciones diferentes a su puesto, categoría o especialidad, con el fin de contribuir en la asistencia o cobertura directa o indirecta de la pandemia de coronavirus.