El PP agarra el «caso Alquería» y apunta al actual presidente de la Diputación

El PP de la Diputación de Valencia presentó ayer un recurso de reposición contra el procedimiento de «urgencia» por el que se tramitó en la sesión plenaria del martes la modificación del acuerdo del pleno del 27 de septiembre de 2016 que regula «la clasificación de las entidades dependientes de la corporación provincial».

Con la aprobación de esta propuesta, con los votos favorables de PSPV y Compromís, se han reducido los sueldos y salarios de las empresas públicas de la Diputación de Valencia. Una iniciativa que el presidente de la Diputación, Toni Gaspar, vendió no como una corrección de «deficiencias», sino como de «interpretaciones».

Sin embargo, el PP hace una valoración muy diferente de este gesto, que si bien es cierto que ahorrará dinero en sueldos públicos, aseguran que detrás hay otras razones.

Apuntan a que Gaspar está tratando de salvarse a sí mismo de verse salpicado por el «caso Alquería». Entre las empresas que reducen directivos y salarios se encuentra Divalterra, la entidad que por la que están siendo investigados el ex presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y algunos de sus colaboradores.

Se les imputa haber cometido delitos de prevaricación y malversación en el nombramiento de los altos cargos en Divalterra.

Los populares afirman que la repentina prisa de Gaspar por realizar estos cambios se debe a que fue él como diputado de Hacienda el que llevó la propuesta al pleno para incluir a Divalterra como empresa de clasificación de tipo 1. Gracias a esta categoría se dio cobertura legal a la creación de una decena de altos cargos.

Por tanto, los populares insisten en que ahora Gaspar trata de corregir esos errores pero sin modificar el fondo del asunto, es decir, la calificación de Divalterra como grupo 1.

El portavoz popular Vicente Mompó argumenta en el recurso a la propuesta aprobada en el pasado pleno que esta empresa pública no puede mantener dicha categoría.

Alega a un informe de la Intervención General del Estado, con fecha 17 de enero de 2019, en el que se afirma que la actividad de Divalterra «no es esencial ni estratégica».

El documento deja bien claro que su facturación dista mucho de las entidades que reciben dicha clasificación, tales como la Autoridad Portuaria de Valencia, Aena o Correos y Telégrafos.

Divalterra tiene como áreas de trabajo las brigadas forestales, información territorial y la promoción turística en la provincia de Valencia.

Además, Mompó insiste en que no existe justificación para haber incluido este punto como urgente y, por tanto, denuncia que se está vulnerando el derecho fundamental a la participación política, recogida en el artículo 23 de la Constitución.

Fuentes populares afirman que el recurso interpuesto ayer es solo el primer paso contra esta decisión y avanzan que se estudian las acciones legales que se pueden llevar a cabo.

Recorte de sueldos

Con el acuerdo del pasado martes, las empresas dependientes de la Diputación clasificadas como grupo 1, como es Divalterra, Egevasa y el Consorcio Provincial de Bomberos, podrán tener un máximo de tres altos cargos, con una retribución básica de 48.000 euros que, sumando los complementos de puesto y variables no podrán superar en ningún caso los 72.000 euros.

Se garantiza también que los directivos que reflejan los estatutos serán nombrados con criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en gestión pública o privada, «teniendo en cuenta la responsabilidad profesional y personal directa sobre su gestión y el control y evaluación de su gestión por parte de un órgano superior».