Archivan la causa que investigaba contratos irregulares durante la visita del Papa a Valencia

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, Mari Carmen Cifuentes, ha declarado el sobreseimiento provisional de la causa que investigaba los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y fraude a la Administración sobre unos contratos que se realizaron durante la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en el año 2006, y en la que figuraba como investigado el expresidente valenciano, Francisco Camps, el exvicepresidente Víctor Campos Guinot, el obispo Esteban Escudero, o el edil de Grupo Popular municipal, Eusebio Monzó.

La investigación sobre la adjudicación de contratos en la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias se centraba en once empresas a las que se había aportado 2 millones de euros por parte de la Generalitat Valenciana en 2010 en concepto de “dotación fundacional”, y la “asunción de deudas en 2014 por valor de 1,3 millones de euros”, según recoge el auto al que ha tenido acceso este periódico.

De esta forma, y según la magistrada, tras analizar los acuerdos alcanzados entre la empresa Vaersa con la Generalitat, “no se ha desprendido que exista indicio alguno de que los dos millones de euros se hubieran conseguido mediante el desvío irregular de una partida presupuestaria de los fondos públicos”, como se afirma en el escrito del Fiscal.

“Sobre todo, nada ha quedado indiciariamente probado respecto al ánimo de lucro que debería estar presente en el momento de desarrollar la conducta. Todas las decisiones tomadas por el Consell que afectaba a los caudales públicos -tanto la aportación de 10.000 euros en la construcción de la Fundación, como los dos millones de 2010, o el acuerdo de asunción de deuda de 2014-, se adoptaron con los informes favorables de la Intervención de la Conselleria de Economía y de la Abogacía de la Generalitat, comprobados y fiscalizados posteriormente por la Sindicatura de Cuentas”, subraya el auto judicial.

Asimismo, señala que no hay elementos que sostengan que en los acuerdos de la Generalitat en los años 2005, 2009, 2010 y 2014 “no se hubieran respetado las formas, o que los mismos se hubieran adoptado de forma arbitraria o que se hubieran realizado al margen de la normativa reguladora”.

El fiscal sostenía que la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF) debió haber respetado los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia en sus contrataciones, atendiendo al hecho de que tres cuartas partes de los fondos que integraban la dotación fundacional (además de otras aportaciones del Consell) fueron públicos.

Sin embargo, el juez hace referencia en su escrito a que la naturaleza de la fundación, de acuerdo a su escritura, es privada y que “el solo hecho de que las tres cuartas partes de la dotación fundacional provinieran de organismos públicos no convertía esta Fundación en pública”.