El Consell defenderá en Tribunal Superior de Justicia el trasvase del Júcar al Vinalopó

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP, ha anunciado que la Generalitat se personará ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) para defender el trasvase Júcar-Vinalopó frente a la "sorprendente" demanda presentada por el colectivo Xúquer Viu contra esta transferencia hídrica.

En el marco del VII Congreso Nacional del Agua que, con el lema 'Paisaje, Patrimonio y Medio Ambiente', se celebra entre hoy y mañana en Elche, Mazón ha señalado que Xúquer Viu no recurrió este trasvase interno valenciano "mientras gobernaba Compromís, ni Ximo Puig o Podemos sino que lo hace ahora con el PP" y ha subrayado su "estupor" de que haya "solo una persona, un colectivo, una coalición, un partido o lo que sea que es ahora Compromís en contra del trasvase Júcar-Vinalopó".

Ha sostenido que ir contra esa transferencia de caudales entre Valencia y Alicante "es una barbaridad" y que carece de rigor ya que por ejemplo se argumenta que es contrario al medio ambiente cuando en realidad ese trasvase utiliza energía limpia de origen fotovoltaico.

Ha añadido que esa personación se hará junto a la Diputación Provincial de Alicante en defensa de una infraestructura necesaria que es "fruto del acuerdo entre regantes y un ejemplo de solidaridad en el que todos los agentes implicados están cumpliendo con compromisos adquiridos”.

Mazón ha insistido que esta infraestructura responde “a la razón y a criterios técnicos y científicos” frente a “la política y el dogmatismo”, y ha destacado el buen ritmo del tramo I y II del postrasvase Júcar-Vinalopó, así como el proyecto ya redactado de desdoblamiento de la conducción principal de este trasvase, además de los 38,8 millones de euros en ayudas e inversiones para la modernización de regadíos que la Generalitat destina en 2025 “porque sabemos aprovechar cada gota de la que disponemos”.

“De hecho", ha proseguido, "los cerca de 19 millones de euros de inversión directa nos van a permitir continuar siendo la primera región europea en volumen de agua reutilizada”.

Defensa del Tajo-Segura

Sobre el Tajo-Segura, el presidente valenciano ha reprochado que el Ejecutivo central “no haya aportado ni una sola razón técnica para cambiar las normas de explotación” y ha advertido de que se pretende cambiar las normas de explotación “para poner fin al trasvase en la provincia de Alicante”.

Ante el presidente de la Diputación, Toni Pérez, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y el director científico del Congreso Nacional del Agua, el diputado nacional popular Joaquín Melgarejo, el presidente ha subrayado que esas reglas “no guardan relación con los caudales ecológicos del Tajo, que están garantizados y no corren peligro”.

En esta línea, ha defendido que “el Tajo-Segura no es la causa de los problemas del Tajo, ni en lo que se refiere a la calidad ni a la cantidad de agua”, al tiempo que ha apuntado que “no se ha registrado ningún incumplimiento de los caudales ecológicos por falta de agua en la cabecera, mientras que sí se están efectuando desembalses excesivos que desperdician recursos hídricos de gran valor”.

Asimismo, ha afeado al Gobierno de España su falta de voluntad de diálogo en esta materia y le ha instado a “una gestión correcta de los embalses y la modernización de regadíos, incluyendo la construcción de balsas que optimicen el uso de las aguas derivadas a riego”.

Al mismo tiempo, Mazón ha calificado estas actuaciones de “imprescindibles” para mejorar el régimen fluvial y la calidad de las aguas y disminuir los desembalses en cabecera sin merma de garantías en la cuenca cedente.

Frente común para la defensa del trasvase Tajo-Segura

El jefe del Consell ha asegurado que acabar con este trasvase “tendría un impacto especialmente negativo sobre Alicante, Murcia y Almería” y ha avanzado que la Generalitat va a impulsar un frente común con acciones concretas entre todas las comunidades autónomas afectadas, los regantes y los ayuntamientos.

Según ha destacado, la implantación plena del régimen de caudales ecológicos y las modificaciones en las reglas de explotación del trasvase que pretende aplicar el Gobierno “reducirían significativamente los volúmenes de agua disponibles para el regadío, lo que supondría una pérdida patrimonial total de 5.692 millones de euros, afectando a más de 27.000 hectáreas de regadío”, además de ocasionar la destrucción de más de 15.000 empleos.

En concreto, en la provincia de Alicante “los efectos económicos sobre las explotaciones agrícolas ascenderían hasta una reducción de la producción estimada de casi 61 millones de euros y una pérdida de empleo calculada en algo más de unos 1.700 puestos de trabajo”, ha señalado el presidente.

La Diputación de Alicante, con el Júcar-Vinalopó

En la misma línea, el presidente de la Diputación de Alicante, el también popular Toni Pérez, ha vuelto a efectuar una encendida defensa tanto del Tajo-Segura como del Júcar-Vinalopó, del que ha señalado que es un reflejo de "la solidaridad entre hermanos", en referencia a valencianos y alicantinos.

Ha recordado que el Júcar-Vinalopó supuso un "gran esfuerzo de generosidad" por parte de Alicante porque se renunció al derecho de un agua potable para consumo humano y se avaló cambiar la toma del trasvase desde la cabecera del Júcar al azud de La Marquesa, en Cullera, cerca de la desembocadura