Nunca como ahora ha sido tan necesario lo justo

Abraham Lincoln dijo una vez que «la piedad da más frutos que la aplicación estricta de la Justicia». Esta frase del presidente de EE UU pretendía ser un alegato para restañar las heridas que en el pueblo americano había dejado la Guerra Civil, y con ella se invocaban intereses superiores de fraternidad y convivencia frente a los derechos de los vencedores por los agravios sufridos por sus adversarios. En España, donde algunos de nuestros dirigentes reniegan del ejemplar proceso de transición que se inauguró con la Constitución del 78 y que se asentó muy especialmente en ese ejercicio, se pretende, además de reescribir la historia con el juego maniqueo de los buenos y los malos desbaratando ese esfuerzo, traer nuevamente al debate la conveniencia de que la Justicia claudique por unos difusos postulados de convivencia y concordia.

La cuestión en este caso sería si esa abdicación al cumplimiento de las sentencias judiciales beneficiaría a toda la sociedad o si, por el contrario, lo único que persigue es apuntalar intereses personales o electorales.

A menudo no somos conscientes de la madurez de nuestras instituciones y del necesario prestigio que merecen fuera y dentro de España; un país que, con sus imperfecciones, se sitúa entre los líderes del mundo en la defensa de los derechos fundamentales, goza de una estructura democrática consolidada, y cuenta con un peso internacional, herencia de una envidiable historia y cultura que nos convierte en interlocutores preferentes con toda Latinoamérica y gran parte de África, además de situarnos en una ventajosa posición en Europa.

En ocasiones se pierde esa apreciación debido a la estrechez de miras de la nueva clase política, incapaz de considerar más allá del corto plazo de las próximas citas electorales, sin tener en cuenta que estamos dilapidando ese ingente patrimonio intangible. Tan limitada perspectiva lleva también a establecer elementos insólitos, difíciles de entender para los ciudadanos, y que van desde coaliciones de gobierno inverosímiles, a abandonos y dejaciones imperdonables en la necesaria renovación de las instituciones, por carecer de la necesaria visión de estado que merece esta gran nación que es España.

Tal vez por ello se quiera hacernos pagar a todos el peaje de unos indultos que no benefician a la sociedad española, sino a quienes vulneraron la ley ignorando las reglas de convivencia, y que reiteran a fecha de hoy su voluntad absoluta de apartarse de cualquier viso de acuerdo o consenso que no sea la abrupta ruptura precisamente de la convivencia con el resto de los españoles.

A pesar de las contribuciones de alguno de los beneficiarios de los indultos con balsámicas palabras de encuentro, oportunamente deslizadas para evitar un desgaste político que no conviene a ninguna de las formaciones interesadas en este sainete, no se requiere una afilada sagacidad para reconocer que se sigue insistiendo en los mismos tercos objetivos que llevaron a algunos al delito y al desorden de una sociedad cada vez más quebrantada.

Así, no hay justificación alguna para sacrificar la Justicia por otros intereses saludables para la sociedad; sobre todo porque a nadie se le escapa que esa concesión se ofrece a cambio del apoyo a un gobierno que, por otra parte, genera desconfianza entre los aliados internacionales por su incoherencia interna y por su radicalidad en el marco de la geopolítica internacional.

Frente a esta posición, las consideraciones del informe del Tribunal Supremo acerca de la improcedencia de conceder esos indultos, resultan perfectamente coherentes con las consecuencias que en una sociedad democrática y libre tiene la desobediencia voluntaria a la ley y la disposición antojadiza de los fondos públicos por quienes tienen la responsabilidad de aplicarlos al beneficio común y no al capricho de sus voluntades, por más que se vistan de ropajes ideológicos de pretendida altura.

Ante la mudanza de las posiciones políticas, el Tribunal Supremo se ha visto abocado a gestionar una crisis que desde su origen no se supo solucionar en el ámbito político, derivándose a la judicatura en forma de estricta aplicación de la ley penal y sus resultas. También supo resolver con solvencia jurídica y con transparencia no sólo el proceso penal en sí, sino también las campañas promovidas por los partidarios de los condenados sobre lainexistencia de garantías en la Justicia española, evidenciando la alta calidad de la Justicia y su fiabilidad frente a la pretensión de la existencia de persecuciones ideológicas y de «presos políticos».

Tan extraordinaria labor no merece ser calificada como confrontadora o vengativa, sino de estricta adecuación a la ley, cuyo cumplimiento no puede presentarse por el gobierno como meramente dispositiva por el hecho de tener en su mano las medidas de gracia, sino como estrictamente debida.

Nuestro Alto Tribunal actuó con Justicia y objetividad, como corresponde a una institución democrática solvente y llamada a dotar a la sociedad de seguridad jurídica y, en estas condiciones, el cumplimiento de las sentencias resulta necesario para satisfacer las exigencias de los ciudadanos que confían en los Tribunales la decisión del ejercicio del castigo a quienes se apartan de las normas esenciales de la convivencia. La plasmación de lo justo resulta así de aplicación necesaria. Pero la afrenta a los Tribunales no está solo en la burla injustificada al cumplimiento de sus decisiones. El Consejo General del Poder Judicial lleva más de dos años sin renovarse debido a la falta de consenso entre los partidos mayoritarios.

Hace muy poco, por trámite de urgencia se aprobó una reforma para evitar que el Consejo, en esta situación de exceso temporal del mandato de sus vocales, pudiera nombrar a los miembros de los altos órganos judiciales y, desde ese instante, conjurado el riesgo de nombramiento de «candidatos no afines», lo que era una prioridad y una urgencia, se ha convertido en una plácida desidia que ha dejado al órgano de gobierno de los jueces sin facultades efectivas de funcionamiento. Ello está dinamitando la eficacia y la adecuada marcha de la Justicia, pues los órganos judiciales se encuentran en una situación sin salida, como es el caso de la Sala carta del Tribunal Supremo, por citar un ejemplo, diezmada en sus miembros e imposibilitada de renovación por la ausencia de un Consejo con plena capacidad.

En este punto hay que señalar como responsables a los dos partidos mayoritarios, sin que resulte atenuante a la situación invocar sin más que Europa requiere la elección de los jueces por sus iguales.

Tras el plante de las asociaciones judiciales, que demandaron del Consejo de Europa una respuesta contundente ante la lacerante situación de bloqueo y los intentos de incrementar la intensidad de politización de los nombramientos de vocales del Consejo General del Poder Judicial, todos los ciudadanos damos por descontado que la elección debe recaer en los propios jueces, no sólo por el contundente recordatorio de todas las instituciones europeas, sino porque el derecho comparado y las exigencias de la normativa comunitaria nos abocan a un cambio de paradigma en la elección a fin de acomodarla a los estándares de los países de nuestro entorno.

El apego inconfesable a la influencia en los nombramientos que inventó el PSOE y agravó el PP, debe superarse con urgencia. Y para ello se requieren pasos decididos que tengan presente la necesidad de hacer funcionar la Justicia con eficacia, y pasa, a su vez, por hacer un ejercicio de voluntad de no politizar los nombramientos y actualizar un sistema con más plenas garantías en la designación de los vocales al que se tiene que llegar con ganas o sin ellas si se pretende que lo que el jurista Ulpiano definía como Justicia: «dar a cada uno lo suyo», se aplique a la Justicia misma que reclama la atención y el apoyo que, lamentablemente, no se alcanza a vislumbrar hasta la fecha.

Nunca como ahora ha sido tan necesario lo justo.