Educación

División entre los sindicatos de Educación por la convocatoria de las oposiciones de maestros para 2022

La Generalitat valenciana ha ofertado 2.500 plazas para Infantil y Primaria

Imagen de unas oposiciones celebradas en la Comunidad Valenciana
Imagen de unas oposiciones celebradas en la Comunidad ValencianaKai FörsterlingAgencia EFE

La Conselleria de Educación ha presentado esta semana la propuesta de Oferta de Empleo Público de Personal Docente (OEP) correspondiente al año 2021 y que suman 2.500 plazas. En total, se incluyen 1.228 plazas del cuerpo de maestros que se suman a las 1.272 plazas correspondientes a la ya aprobadas de la convocatoria de 2020. Entre los sindicatos hay división de opiniones. Mientras que el STEPV está en contra de la convocatoria en sí, ANPE asegura que la oferta es insuficiente y CSIF aplaude, con exigencias, el anuncio.

Desde ANPE, aseguran que la planificación de las plazas ofertadas no responde a las necesidades reales de los centros porque se toma como referencia una orden de plantillas de los centros de Infantil y Primaria vigente desde 2013, que es anterior a la puesta en vigor de la Ley de Plurilingüismo y al modelo de inclusión.

Critican además que la Conselleria no ha especificado la distribución de estas 2.500 plazas de maestros por especialidades ni el calendario previsto para su desarrollo, por lo que ANPE reclama información sobre esta distribución y su publicación inmediata para facilitar a las personas aspirantes su preparación.

ANPE ha advertido que todavía están pendientes de convocar 1.448 plazas de catedrático. De la OEP de 2018, 800 plazas de cátedras de secundaria, 20 plazas a cátedras de música y artes escénicas y 15 plazas a cátedras de artes plásticas y diseño. Además, de la OEP de 2019, faltan 33 plazas de cátedras de música y artes escénicas y 580 plazas de cátedras de secundaria.

Por otro lado, ANPE ha requerido que la Conselleria haga una revisión urgente de todas las especialidades de todos los cuerpos de las que no se han convocado oposiciones en los últimos años, lo que provoca un éxodo de los funcionarios interinos a otras comunidades para poder adquirir la condición de funcionarios de carrera.

STEPV rechaza esta propuesta argumentando que ahora mismo se está discutiendo en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley para reducir la temporalidad en la función pública y que, por tanto, su aprobación puede afectar las plazas que se convocan. El Sindicato ha pedido que se aplace esta negociación a la resolución del proyecto de ley y ha solicitado que se articule un concurso de méritos para el personal para dar solución al alto índice de interinidad en el sistema público, tal y como recoge el artículo 61.6 del TREBEP (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público).

Por su parte, el sindicato CSIFha apoyado la oferta realizada aunque ha exigido un calendario de negociación para fijar las nuevas ofertas de empleo público y reducir así la precariedad laboral que sufre una parte del profesorado con contratos temporales.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha insistido en acordar los procesos opositores con tiempo, de manera que pueda llevarse a cabo la negociación adecuada y que quienes opten a estas plazas dispongan de suficiente margen para prepararlas con las máximas garantías.

El sindicato, además, ha recalcado la necesidad de incrementar la plantilla de profesorado valenciano. La central sindical ha subrayado la importancia de ofrecer una atención adecuada al alumnado, ya que numerosos estudiantes requieren de una educación muy personalizada para evitar el riesgo de quedarse atrás debido a los problemas generados por la pandemia.

La central sindical hace hincapié en este aumento del personal docente con el objetivo de rebajar las ratios en las aulas para proporcionar esa atención más individualizada. El sindicato defiende que el número máximo de estudiantes por clase no supere la veintena.

Profesores y sanitarios

CSIF también ha pedido explicaciones a Conselleria ante la modificación en el anteproyecto de la ley de acompañamiento de presupuestos del apartado de salud escolar, de forma que hace recaer en el profesional docente la administración de medicación al alumnado. CSIF ha recalcado la necesidad de contratar personal sanitario especializado en los centros educativos para atender la salud de alumnado y ha criticado que se responsabilice al profesorado de una responsabilidad que no es competencia suya. El STEPV ha expresado también su rechazo a este anuncio.