El Gobierno valenciano desmontará el hospital de campaña en febrero

La Conselleria de Sanidad de la Generalitat valenciana desmontará durante este mes de febrero el hospital de campaña situado junto al recinto hospitalario de La Fe de Valencia. Así lo recoge el periódico Levante-EMV, después de que el PP de la ciudad haya denunciado que un informe del Ayuntamiento ha rechazado las alegaciones de la Conselleria de Sanidad sobre la legalización de las obras del hospital de campaña junto a La Fe y “ordena su demolición”.

“Este informe confirma el despropósito de los hospitales de campaña del Botànic”, ha señalado la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia y en las Corts valencianes, María José Catalá.

“Puig debería de dar explicaciones a todos los valencianos por el dineral que nos va a costar a todos pagar la chapuza del hospital de campaña instalado en la nueva Fe. Se han gastado millones de euros en unas carpas que salieron volando el primer día, que se abrieron sin licencia y sin bocas de incendio, y que no han servido para prácticamente nada; y ahora la Generalitat se enfrenta a una posible multa”, explica Catalá.

“Debería ser el señor Puig y la señora Barceló quien paguen la multa de su propio bolsillo porque la chapuza del hospital de campaña es responsabilidad suya”, ha añadido Catalá. “Mientras en otras Comunidades se han construido hospitales para atender dignamente a las personas con covid, en Valencia la izquierda optó por unas carpas que no han servido para nada”.

La notificación municipal recoge “ordenar a la Conselleria de Sanidad, a la restauración de la ordenación urbanística vulnerada por las obras ejecutadas en el mencionado emplazamiento, para lo que se concederá el plazo de dos meses, consistente en la demolición de las obras realizadas, así como para que aporte la documentación técnica que acredite dicha restauración”.

El informe de la concejalía dirigida por socialista Sandra Gómez advierte al Gobierno de Puig de “que, en caso de incumplimiento por parte del mismo de la orden de restauración de la legalidad urbanística, podrán imponérsele medidas coercitivas, hasta lograr la ejecución de las medidas de restauración (consistente en la demolición de lo construido ilegalmente) y, entre ellas, multas coercitivas por períodos de un mes y en cuantía de 600 a 3.000 euros cada una de ellas, con un máximo de diez o, en su caso, ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento, y a su costa”.

Por tanto, el PP entiende que “la multa a la que se enfrenta Puig podrían llegar a los 30.000 euros por la construir y abrir sin licencia un hospital de campaña junto al Hospital La Fe que no ha tenido apenas uso y ha costado millones de euros”.