Alicante pondrá multa de hasta 3.000 euros a la prostitución, la mendicidad “coercitiva” y a los grafiteros

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes de forma definitiva la ordenanza de convivencia cívica planteada por el equipo de gobierno (PP y Cs) con la intención de proporcionar una herramienta jurídica para que la Policía Local pueda actuar frente a comportamientos inadecuados en la vía pública.

Entre las conductas que se plantea prohibir con esa regulación figura la realización de grafitis, el vandalismo, la generación de ruidos, la mendicidad coercitiva y el ejercicio de la prostitución y se incluye un régimen sancionador con multas que pueden alcanzar los 3.000 euros, en el caso de las infracciones consideradas como muy graves.

El acuerdo, alcanzado por mayoría absoluta en una sesión extraordinaria celebrada de forma telemática, se ha aprobado con los 16 votos de PP, Cs y Vox, quienes han defendido la necesidad de la nueva regulación para “dar respuesta a la demanda de la ciudadanía”, según ha argumentado el edil de Seguridad, José Ramón González (PP).

Por su parte, PSOE, Unides Podem EU y Compromís han votado en contra, después de que también se haya desestimado las 11 alegaciones reproducidas en el pleno por parte de Unides Podem EU.

Además, las tres formaciones han anticipado su intención de derogar la nueva norma en el supuesto de que accedan al gobierno tras las elecciones municipales de 2023, como ya sucedió en 2015, con la ordenanza promovida por el PP en solitario bajo el mandato de la exalcaldesa popular Sonia Castedo.

Duro debate

En primer término, PP, Cs y Vox han acusado a las formaciones del eje progresista de “mentir”, de mantener una “actitud cínica” y de recurrir a la demagogia para criticar una propuesta que, según ha defendido González, “es similar” a la que se ha propuesto en València” o la que se aplica en Barcelona: “Lo que sí valen en ciudades en las que gobiernan sus partidos, aquí no”, ha incidido.

La vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), ha recalcado que su partido “siempre ha estado a favor” de promover esa regulación “necesaria” para la ciudad y ha defendido los cambios introducidos con sus alegaciones, con los que “se refuerza la obligación de informar a las personas en situación de vulnerabilidad sobre la disponibilidad de ayudas sociales” antes de poder aplicar posibles sanciones.

El portavoz de Vox, Mario Ortolá, también ha deslegitimado las críticas de PSOE, Unides Podem y Compromís y les ha recriminado “su odio” hacia la ciudadanía de Alicante por “no querer lo que sí se aplica en otras ciudades en las que gobiernan”.

Por lo que respecta al eje progresista, el edil socialista Llanos Cano ha incidido en que la ordenanza es el pago del PP al apoyo de Vox a su propuesta de presupuestos para 2022 y, además de incidir en la generación de desigualdades, ha reivindicado la propuesta alternativa formulada por su partido, en la que “no se aplican multas y se apuesta por incluir medidas de apoyo a colectivos desfavorecidos”.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha emplazado al bipartito a “dejar esta ordenanza de la vergüenza” sobre la mesa para negociar un nuevo texto en base a la norma planteada en València.

Su homólogo de Unides Podem, Xavier López, ha reprochado la falta de participación social y la ausencia de voluntad de consensuar la ordenanza, que “restringe derechos” y penaliza a los más vulnerables.