El “caso Azud” y los indicios de la financiación irregular del PSPV

Políticos y funcionarios comprados (supuestamente) para lograr proyectos urbanísticos. Pelotazos de otra era que salen a la luz a tan solo un año de que se celebren las elecciones autonómicas y municipales en la Comunitat Valenciana. De esto va el «caso Azud», una trama que tiene como epicentro el Ayuntamiento de Valencia de la época de Rita Barberá, pero en la que hay implicados más partidos, principalmente del PSPV. En total, los investigadores estiman que las comisiones ilícitas alcanzaron los siete millones de euros.

Los hechos se remontan a 2005 y detrás de las cuantiosas mordidas y regalos recogidos en el sumario al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se apuntan métodos que podrían derivar en la financiación ilegal del PSPV. Entre los 700 tomos de esta «macrocausa» se recoge el testimonio del gerente de una empresa que fue contratada en 2007 por el PSPV para que realizase el «buzoneo» de la campaña electoral.

Lo relevante de esta operación no solo es que este testigo haya admitido que no fue el partido socialista el que le pagó la factura de 102.080 euros, sino que además, el encargo no era de folletos del PSPV, sino de Unión Valenciana. El objetivo no logrado era tratar de restar votos al PP, puesto que los populares volvieron a ganar las elecciones por mayoría absoluta y Unión Valenciana ni siquiera entró en Les Corts.

La empresa de comunicación Key fue la que recibió el encargo de este trabajo. Realizó la creatividad de la campaña y confeccionó los folletos. Para cerrar los sobres, una tarea que se hizo manualmente, contrató a Meydis. El testigo explicó que tuvo que acudir a la sede del PSPV a hablar con su entonces gerente, Paco Martínez, porque no cobraba su trabajo. Este le indicó que facturase a la sociedad Gigante Edificaciones y Obras, con sede en Tomelloso (Ciudad Real).

Esta es una de las mercantiles investigadas en el entramado creado. Sociedades que se convirtieron en intermediarias del dinero que luego sería utilizado para abonar comisiones y regalos.

El sumario detalla de forma indiciaria «hechos que sustentarían que una parte de soborno abonado en la consecución de contratación pública, tanto en Burjassot como en Benicàssim (Ayuntamientos socialistas) habría sido pagada mediante el abono de gastos electorales solicitados indiciariamente por José Luis Vera, José María Cataluña Oliver, responsable de las finanzas del partido socialista y por Rafael Rubio, los cuales aparecen como perceptores de regalos por su condición de afiliados o dirigentes ».

La trama Azud también intervino en la operación urbanística desarrollada en el término municipal de Xixona, gobernada entonces por el PP, en el denominado PAI El Espartal en el que se preveía la construcción de viviendas y un campo de golf y que finalmente no se hizo, lo que no evitó el cobro de comisiones durante el proceso y un gasto desmesurado en publicidad (730.822 euros) abonados a las mismas empresas que desarrollaron la campaña electoral del PSPV en 2007.

Los pagos los realizó la empresa pública Empresas Urbanos de Xixona. Ninguno de estos trabajos han sido localizados y además, no corresponden al objeto de una constructora.

En esta operación intervino el funcionario José Luis Vera, que logró que la empresa pública Acuamed abasteciera de agua de la depuradora de Mutxamel- Campello a Xixona, para así poder dar servicio al campo de golf, que no llegó a ejecutarse.

También participaron en una operación urbanística con el Ayuntamiento de Burjassot consistente en un concierto fraudulento para la licitación y adjudicación del derecho de superficie en una parcela titularidad del ayuntamiento de esa localidad. Para ello, tanto el empresario Jaime Febrer- cerebro de la trama- como José Luis Vera- se reunieron con el entonces concejal de Urbanismo, José Ruiz Cervera.

Allí se desarrolló la operación urbanística en el PAI denominado La Capella consistente en la recalificación de unos terrenos de no urbanizable a urbanos de uso terciario para promover un centro comercial y de negocios. Para ello, el grupo Axis entró en conversaciones con el Grupo Eroski, así como los concejales Jordi Sebastià (Compromís) y José Ruiz Cervera (PSPV) y el histórico dirigente del Bloc, Pere Mayor, ninguno de ellos imputado en la causa.

Otra vez la campaña de 2007

El Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid archivó en junio de 2019 la última de las piezas abiertas sobre la supuesta financiación irregular del PSPV-PSOE durante la campaña de 2007 y que investigaba a raíz de una denuncia del PP. En este caso, el centro de la trama se situó en la empresa de comunicación Crespo Gomar.

La sospecha era que la sociedad Crespo Gomar prestaba servicios fundamentalmente al PSPV, pero también al Bloc- partido mayoritario en la formación Compromís- y solicitaba las facturas por trabajos a terceras empresas. La trampa está en que estas facturas eran falsas, estas las abonaban y a cambio recibían adjudicaciones. Nada de esto se pudo demostrar, entre otras razones porque el supuesto delito electoral se encontraba prescrito.