Parón de la fotovoltaica en la Comunidad Valenciana: solo 54 MW más en los últimos cuatro años

A pesar del gran interés del Botànic II en las energías renovables, las disputas entre los socialistas y Compromís- estos últimos preocupados por la estrategia de implantación de la energía solar fotovoltaica- están ralentizando el ritmo de crecimiento de esta energía renovable en la Comunitat Valenciana. Se trata de una de los territorios con mejores condiciones para la utilización de este tipo de fuente energética, pero cuenta solo con 419 megavatios (MW) de potencia instalada, lo que equivale a solo 54 MW más que hace cuatro años, cuando empezó la actual legislatura.

De esta manera, la energía solar fotovoltaica instalada en la Comunitat Valenciana representa solamente el 2,3 por ciento del total nacional, que se sitúa en 18.165 MW, 10.000 más que hace cuatro años.

Además, si se compara el crecimiento en la Comunidad Valenciana con el de otras regiones, esta autonomía tampoco sale muy bien parada. Castilla-La Mancha y Andalucía encabezan la clasificación con 2.007 y 1.937 MW instalados respectivamente, y un aumento de 2.007 y 1.937 MW en los últimos cuatro años.

Destacan también otras regiones como Castilla y León, con 1.407 MW instalados (600 más que en 2019), Aragón, con 1.701 MW instalados (766 más) y Murcia, con 1.306 MW instalados (245 más que hace cuatros años).

Con la actual implantación y el ritmo de evolución en la misma, parece difícil que la región valenciana consiga el objetivo establecido en la Estrategia Valenciana contra el Cambio Climático, que fija en 6.000 MW de potencia instalada para conseguir la autosuficiencia energética en el año 2030.

El PP pedirá una investigación

Ante este “colapso”, el presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, anunció ayer que su formación presentará en Les Corts una solicitud de investigación al Síndic de Greuges y una denuncia ante la Inspección General de Servicios sobre la “falta de diligencia” y los “prejuicios ideológicos” del Consell.

Para Mazón, el Consell “ha convertido a la Comunitat en la autonomía más dependiente energéticamente de España y probablemente de Europa”, con “350 proyectos paralizados”, sobre los que dijo que no va a entrar “en una guerra de cifras” con la Generalitat, que habla de alrededor de 65 expedientes a la espera de una declaración de impacto ambiental.

”Más de 5.000 empleos están esperando poder ponerse en marcha, más de 6.000 millones de euros de inversión no se están desarrollando”, denunció, y consideró “lo más grave” que “se está jugando con posibles indemnizaciones que pagaremos todos de alrededor de 1.000 millones de euros”. Pero las licencias para la instalación de plantas fotovoltaicas, dijo, “no son el único asunto que nos está poniendo en jaque energético”, y se refirió asimismo a las “160.000 personas a las que la Generalitat ha dejado en la estacada con el olvido impresentable del bono energético de 2020″.

1.370 MW en lo que va de año

Coincidiendo con la rueda de prensa de Mazón, la Conselleria de Transición Ecológica anunció ayer que ha emitido en lo que va de año autorizaciones ambientales favorables para un total de 44 proyectos de instalaciones industriales de energía renovable en la Comunitat Valenciana que suman 1.370 megavatios de potencia.

En un comunicado, la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Isaura Navarro, puso en valor que “el ritmo de declaraciones de impacto ambiental es bueno para conseguir el compromiso de los 6.000 megavatios conectados en 2030″.

Así mismo, la consejera indicó que “el ritmo es más positivo si también tenemos en cuenta las instalaciones de autoconsumo”.

De hecho, Navarro destacó que “el camino hacia la transición justa y la soberanía energética es ineludible para el Consell, y así lo arrecia ambiciosamente la ley valenciana de cambio climático”, que se publicó ayer en el DOCV.

La consellera insistió en que “hay que acelerar el proceso hacia la transformación de nuestro modelo socioeconómico y ambiental con la instalación de energías renovables cuidando el territorio que también necesita especial protección”. “Obviamente los proyectos tienen que pasar por el necesario control medioambiental y necesitan su tiempo de tramitación”, añadió Navarro.