El abogado del yonki del dinero niega que influyera en la adjudicación del "call center" a su exsuegro

La defensa del exgerente de Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent, ha negado que este tuviera responsabilidad o "funciones" en la encomienda de gestión, adjudicación, seguimiento y continuidad del contrato con la empresa pública Servimun para el servicio del 'call center'.

Así lo ha manifestado este jueves el abogado Juan Carlos Navarro, que ha defendido que "Marcos Benavent no es garante de nada", que no actuó para beneficiar a la empresa adjudicataria y que la "omisión" de acción no favoreció en nada los hechos delictivos que se investigan.

La Fiscalía Anticorrupción mantuvo en su informe final las peticiones de condena para el exgerente de Imelsa, para quien pide cuatro años y medio de cárcel por el amaño del contrato de atención telefónica.

Según Navarro, que ha intervenido para exponer el informe final en la sesión del juicio de este jueves -y que continúa el próximo lunes-, en el proceso se ha "caído en una trampa" puesto que hay "dos actores: la empresa privada y la empresa pública" y se ha oído a representantes de la segunda pero no de la primera.

"No hemos oído a alguien que represente a esa sociedad para decir si cumplió el contrato o lo que fuere", ha lamentado, y ha asegurado que por ello los letrados están "limitados en el ejercicio de defensa", lo que lleva a la "indefensión".

En el escrito de la Fiscalía, que ha calificado como "literatura", ha criticado que se lanzan "ataques que luego son contradicciones con el contenido de los hechos" y ha apuntado a "apreciaciones subjetivas".

Sobre el hecho de que se pida condenar a Benavent por un delito de prevaricación, ha recordado que los requisitos de este delito son que la resolución adoptada -en este caso la ampliación de la encomienda de gestión y la adjudicación- sea arbitraria y que se dicte a sabiendas de su ilegalidad.

En este sentido, se ha preguntado si "29 diputados provinciales que aprobaron la ampliación de la encomienda de gestión en el pleno de la Diputación de Valencia han participado en una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia", teniendo en cuenta, además, que la decisión estaba "arropada por controles" jurídicos de la corporación.

Sobre el delito de malversación, ha explicado que la petición de la Fiscalía se basa en la participación de Benavent suscribiendo las órdenes de pago, y en que ese hecho le convierte, según la acusación, en "cooperador necesario".

El letrado ha señalado la "contradicción" entre que la Fiscalía lo considere cooperador necesario y a la vez destacar su "omisión" de acción.

La firma de los pagos, ha dicho, respondió a que Benavent era "el único que tenía la competencia delegada para que el banco realizara cualquier pago, pero no capacidad de supervisión ni de oposición", y que previamente se implantó un sistema de fiscalización de los pagos por el que, cuando llegaban para la firma, los pagos habían recibido la conformidad de "diferentes personajes que no han sido acusados aquí y no han controlado si los trabajo se hacían o no".

Además, ha indicado que lo ilegal habría sido no firmar para el pago.

El letrado ha recordado asimismo que hasta la nueva corporación tras el cambio de signo político -del PP al PSPV- "se planteó la prórroga del contrato" y ha asegurado que Benavent, ni aunque hubiera querido habría podido resolver el contrato, porque esa función le correspondía al órgano de contratación, mientras que él "no tenía funciones".

Por eso, ha entendido que si alguien es "garante" de los delitos de prevaricación y malversación debían ser los sucesivos consejeros delegados, no el gerente.

Por otra parte, ha criticado que, en el escrito de acusación, se haga referencia a Mariano López como el suegro de Benavent, cuando ya no lo era desde 2009, para hacer ver que tenían una relación familiar que habría llevado al gerente de Imelsa a amañar el contrato, cuando "la realidad era todo lo contrario, no terminaron bien".

En cuanto a las pruebas, el abogado ha reclamado la exclusión del procedimiento de los correos electrónicos conseguidos mediante el volcado de los ordenadores de Imelsa tras un registro, así como de las pruebas derivadas de la entrada y registro en el despacho de abogados de Benavent.

El exsuegro también niega influencias

El abogado defensor de Mariano López, exsuegro del ex gerente de la empresa de la Diputación de Valencia Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent, ha considerado que “nada se ha acreditado” de la relación de su defendido con la mesa de contratación que adjudicó el contrato del centro de atención telefónica de Imelsa a la empresa Servimun.

Según ha afirmado el abogado David González en el marco de la exposición de los informes finales de las defensas en el juicio de la pieza separada del caso Imelsa por el supuesto amaño del contrato de atención telefónica de esta empresa pública, “ni por asomo ha sido contestado” por el Ministerio Fiscal “quién ha hecho qué, cuándo y cómo se hace” y por eso ha pedido la libre absolución.

El letrado, que ha pedido la nulidad de todo lo actuado a partir de junio de 2015, al entender que no debía haber continuado la actuación policial al estar ya el asunto judicializado, ha hablado de “ausencia de pruebas” por parte de la Fiscalía.

“No pueden confundirse los indicios con las sospechas”, ha defendido, y ha asegurado que el escrito de acusación habla de “probabilidades, no evidencias” con frases como que López “probablemente actuó de conseguidor” o “lo que quizá nunca lleguemos a saber salvo que aproveche la oportunidad de confesarlo”.

Ha añadido que la prueba pericial de dos expertos ha determinado que “aquí no hay amaño”, que la contratación fue correcta y legal, y ha lamentado que se enfoque el juicio como “en la película de ‘Amistades Peligrosas’”: “Según la Fiscalía, todos son amigos íntimos”.

El abogado ha negado que Mariano López y Marcos Benavent tuvieran una relación de amistad en el momento de la adjudicación del contrato.

“En 2013, Benavent y López iban a tiros”, ha asegurado, después de la “dolorosa separación” de Benavent y la hija de López, que “le puso los trastos en la puerta”, con lo que no solo no había una relación de amistad sino que “lo que se ha demostrado es que querían prácticamente matarse”.

También ha negado que existiera relación de amistad o de partido entre López y el entonces presidente de la Diputación, Alfonso Rus, y ha considerado que, si fuera así, Rus habría podido “colocarlo en algún sitio”.

Mariano López, ha defendido, no fue socio de Servimun, a pesar de que “llevamos siete años escuchándolo”, y la sociedad, desde 2004, tenía un socio único y administrador.

Además, ha dicho que no existen llamadas ni correos electrónicos que acrediten que, previamente a la adjudicación del contrato, López hablara con Benavent ni con Rus y que "ni una sola de las operadoras ni de los que participaron en la adjudicación lo conocían".

En cuanto al procedimiento de contratación, ha criticado que se acuse de un amaño de un contrato y no esté investigado “ni el órgano de administración ni la mesa de contratación”, y ha señalado las contradicciones en las sucesivas declaraciones de Benavent, que primero dijo “que se adjudicó a dedo” y después “que había sido amañada en los pliegos”, y ha asegurado que los pliegos técnicos los hizo una empresa externa.

Sobre la encomienda de gestión y su ampliación, que acabó derivando en el contrato con Servimun, ha recordado que se aprobó en el pleno de la Diputación de Valencia con el voto a favor “de todos los partidos menos uno” y que nadie puso en tela de juicio la ampliación de la encomienda.

También se ha referido a las declaraciones de los peritos judiciales, que aseguraron, ha dicho, que "la adjudicación fue a Servimun porque era la mejor oferta" y destacaron la "absoluta solvencia de la empresa adjudicataria".

En su informe final, la Fiscalía Anticorrupción propuso una rebaja de la pena que pedían para el exsuegro de Benavent, de 13 a 7 años y 3 meses de prisión.