Un informe pericial sobre la gestión de la dana presentado por CGT a la causa de la dana indica que el Cecopi del 29 de octubre solo funcionó plenamente durante 45 minutos con la presencia de todos sus miembros, lo que, según los peritos, es "insuficiente" para una emergencia de esa magnitud.

El documento, al que ha tenido acceso EFE, ha sido presentado este martes de forma telemática por esta acusación popular en el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana y amplía la información ya aportada, a partir de documentación oficial remitida por la Administración autonómica y en declaraciones testificales de técnicos y responsables de emergencias.

La Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas (FETAP-CGT) asegura que el contenido del informe "refuerza la tesis de que la catástrofe se agravó por omisiones y decisiones tardías en la dirección del Plan Especial de Inundaciones".

Así, señala que el Cecopi se constituyó "con más de dos horas de retraso" respecto a la declaración del nivel 2 de la emergencia. El Plan Especial de Inundaciones establece de forma obligatoria que, una vez declarada esa situación, el Cecopi debe activarse de inmediato como órgano de mando y coordinación.

En este caso, el retraso acumulado entre las 15:00 y las 17:15 horas -hora en que se inició la reunión del Cecopi- provocó que el dispositivo central de emergencias permaneciera "inactivo durante el periodo en que la riada avanzaba a más de 30 kilómetros por hora, dejando sin medidas de aviso ni protección a decenas de municipios de la Ribera Alta".

Desde las 15 hasta las 17:15 horas, Pradas "debía haber requerido la activación de todos los PTM/PAM (Planes Territoriales de Emergencia Municipal) a los alcaldes de la cuenca del Poyo, y se hubieran activado medios, tomando medidas de protección y de seguimiento de los cauces, y salvando innumerables vidas".

El informe también incorpora el dato de que cuatro días antes de la dana, periodo en que Aemet ya había emitido avisos de riesgo extremo por lluvias torrenciales, la exconsellera de Interior Salomé Pradas -una de las dos personas investigadas en la causa- asistió a un encierro taurino en la Fira de Onda, lo que para CGT evidencia "una falta de diligencia institucional y de atención a las alertas meteorológicas”.

En este sentido, añade que desde su nombramiento hasta el 29 de octubre de 2024 Pradas "dedicó el doble de su tiempo a festejos taurinos que a emergencias".

Además, respecto a Pradas indica que es vital que el director del Plan Especial de Inundaciones sepa lo que hacer para actuar con celeridad: "Las líneas que tiene que saber para cumplir con sus funciones del plan, las hemos expuesto en este informe, y hacen un total de 67 líneas. Para una persona con su trayectoria y con su formación académica, entendemos que no da lugar a ese desconocimiento"

Según la documentación aportada por la Subdirección General de Emergencias, solo dos municipios, València y Algemesí, llegaron a constituir sus Centros de Coordinación Municipal (CECOPAL), pese a que la normativa lo exige en situaciones de emergencia.

El documento señala que la Generalitat reconoció que no se logró contactar telefónicamente con los predictores de AEMET en momentos críticos del 29 de octubre y que el protocolo de alerta hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar no estaba aprobado.

"Esta ausencia de coordinación entre administraciones, Generalitat, Confederación y AEMET impidió disponer de información hidrometeorológica fiable en tiempo real. Los registros del sistema de emergencias 112CV demuestran que no se emitieron alertas generalizadas a la población hasta última hora de la tarde, cuando gran parte de la provincia de Valencia ya se encontraba inundada", según añade.

Respecto al gabinete de información del Cecopi, el informe apunta que permaneció suspendido durante casi una hora mientras se redactaba el mensaje de alerta a la población, "retrasando aún más" la comunicación de las medidas preventivas.

Añade que varios testigos indicaron que, mientras se debatía el texto, la riada ya había causado víctimas en Picanya y Torrent.

Para FETAP-CGT, los datos presentados demuestran "un patrón de omisiones graves, falta de previsión y descoordinación institucional", que la responsabilidad de la exconsellera "no se limita a errores administrativos, sino que constituye un incumplimiento directo de las normas de Protección Civil y gestión de emergencias de la Comunitat Valenciana", y que la catástrofe "no fue inevitable, sino el resultado de una cadena de negligencias institucionales".