José Carlos Díez, economista, alerta a los españoles: “Solo los que ganan más de 60.000€ aportan más de lo que reciben”

La realidad del mercado laboral en España presenta una cara mucho más compleja de la que a menudo dibujan los discursos oficiales. A pesar de las últimas reformas, la precariedad no solo no ha desaparecido, sino que se ha transformado, adoptando nuevas formas. Según el análisis del economista José Carlos Díez en El Programa de Ana Rosa, la fragilidad del empleo sigue siendo un problema estructural. Un dato es especialmente elocuente: más del 38 % de los contratos temporales tienen una duración inferior a una semana, lo que evidencia la inestabilidad que aún lastra el sistema.

De hecho, esta fragilidad ha mutado. Una de las consecuencias directas del nuevo marco normativo es que los despidos en periodo de prueba se han quintuplicado. Este fenómeno sugiere que algunas empresas utilizan esta figura como un resquicio para mantener la flexibilidad, sustituyendo la temporalidad tradicional por una alta rotación en las fases iniciales de los contratos supuestamente indefinidos.

Asimismo, el tipo de empleo generado arroja serias dudas sobre el modelo productivo español. La creación de puestos de trabajo se concentra de forma abrumadora en sectores de baja productividad, caracterizados por salarios modestos. En este contexto, la mano de obra extranjera ha adquirido un papel fundamental, hasta el punto de que el 80 % de las nuevas ocupaciones son cubiertas por trabajadores inmigrantes.

La sostenibilidad del sistema en jaque

En este sentido, el debate sobre la sostenibilidad del estado del bienestar cobra una enorme relevancia. El economista José Carlos Díez lo resume en una afirmación contundente: “Solo los que ganan más de 60.000€ aportan más de lo que reciben”. Partiendo de esta premisa, el experto propone un giro en la estrategia migratoria: en lugar de enfocarse en la mano de obra de baja cualificación, España debería centrar sus esfuerzos en atraer talento extranjero altamente cualificado, capaz de ocupar puestos con salarios por encima de ese umbral y, por tanto, de contribuir de forma neta a las arcas públicas.

Sin embargo, esta propuesta choca frontalmente con la realidad administrativa. La actual ley de inmigración representa un obstáculo considerable para el talento extranjero, dificultando que los profesionales de alta cualificación obtengan los permisos de trabajo necesarios para desarrollar su carrera en nuestro país. Se produce así una profunda paradoja: España necesita este capital humano para fortalecer su economía, pero las propias trabas burocráticas impiden su llegada y consolidación.