El Gobierno valenciano abona 180 millones para facturas en los cajones del Botànic

Las llamadas «facturas en los cajones» son una práctica habitual en muchas administraciones públicas. Se trata, básicamente, de contratar gastos y servicios que no están presupuestados, de forma que no se pagan de inmediato, porque no existe presupuesto para hacerlo, y se tienen que abonar en el siguiente ejercicio, normalmente haciendo frente además a los intereses de demora. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ya alertó a finales del pasado mes de septiembre, de que la cifra por esta práctica en el Departamento que dirige ascendía a más de 1.000 millones de euros.

Por ello, el pleno del Consell ha aprobado hoy un expediente de enriquecimiento injusto para hacer frente a más de 180 millones de euros por determinados servicios y suministros prestados a los departamentos de salud correspondientes a 2021, 2022 y 2023, es decir, durante el anterior Gobierno del Botànic.

Así lo ha explicado esta mañana la portavoz del Consell y consellera de Hacienda, Ruth Merino, durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. Ha detallado que los beneficiarios serán las empresas que se han hecho cargo de proveer a los departamentos de salud para mejorar la atención sanitaria.

El expediente recoge arrendamientos de edificios, maquinaria o mobiliario, así como servicios de reparaciones y suministro de materiales necesarios para el desarrollo de la prestación asistencial, además del suministro de distintos medicamentos, y trabajos desempeñados en los centros sanitarios asociados a la limpieza, seguridad, custodia o almacenaje, entre otros.

Mediante este expediente se atiende el gasto generado por la adquisición de productos sanitarios, productos alimenticios, agua, gas y energía eléctrica, además de determinados conciertos con otras entidades para garantizar la atención sanitaria.

La portavoz ha señalado que este gasto corresponde a las «famosas facturas en los cajones, de servicios prestados fuera del cauce oficial de contratación» y que es la primera pero habrá más porque «era una práctica habitual en todas las Consellerias» y las empresas van a cobrar «después de meses esperando».

Reducción de AVE

Por otra parte, la portavoz del Consell ha lamentado que la Comunitat Valenciana «vuelva a ser la perjudicada» por la supresión de trenes de Alta Velocidad (AVE) debido a las obras en la estación de Atocha, en Madrid.

Merino ha criticado que la Comunitat vaya a ser la «cabeza de turco» con una reducción de servicios de AVE «bastante importante» todos los días. Ha considerado que, aunque se anuncie que los convoyes de los trenes van a ser más largos, «los horarios son los que dan flexibilidad» a los viajeros, por lo que, denuncia, «da la impresión de que va que va a ser un nuevo inconveniente que vamos a sufrir en la Comunitat».

Preguntada también sobre si la Generalitat va a plantear al Gobierno central un plan de mejora del servicio ferroviario de Cercanías ha asegurado que la Conselleria de Infraestructuras, que dirige Salomé Pradas, «está muy preocupada» por este tema y en contacto con el Ministerio para que los usuarios "dejen de sufrir el calvario diario de retrasos y suspensiones".

"Es un tema acuciante porque la gente necesita trabajar y el problema es diario", ha insistido, al tiempo que ha asegurado que la consellera de Infraestructuras "está preocupada y ocupada, en la medida de lo posible, para que el Gobierno de España atienda esta cuestión".