Política
Juego de pactos del PP de Alicante para aprobar la revisión de la tasa de basuras y las zona de bajas emisiones
Arranca el curso político en la ciudad con normas de gran calado para las que el PP, que gobierna en minoría, necesita apoyo de las fuerzas políticas de la oposición
Septiembre es el mes en que arranca el curso escolar y el curso político; éste último en Alicante está siendo más que agitado, puesto que, el equipo de gobierno, del PP y liderado por el alcalde Luis Barcala, tiene en marcha las ordenanzas de gran calado y que, a su vez, están levantando polvareda. Se trata de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública; la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), y la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. A estas normas se suman las más que controvertidas medidas que se van a implantar en las dos Zonas Acústicamente Saturadas, ZAS, en virtud de una sentencia judicial que así lo determina, en el Centro Tradicional -calle Castaños y adyacentes- y Casco Antiguo. Medias cuyo fin no es otro que conciliar ocio nocturno y descanso vecinal.
Con estos mimbres, el PP no tiene otro remedio que recurrir a la aritmética y pactar con otras fuerzas políticas, situadas tanto a la izquierda como a la derecha de su partido. El PP gobierna con 14 de 29 concejales, mientras que el resto de escaños se reparten de la siguiente manera, 8 del PSPV; 4 de Vox; 2 de Compromís, y 1 de Unides Podem.
Un claro ejemplo de que el aliado natural del PP, esto es, Vox, no necesariamente va a ser el único aliado es la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública; una norma por la que se adelanta el cierre de las terrazas o veladores de hostelería media hora. En el caso de este texto, el Partido Popular pasó de un acuerdo inicial con Vox, a una ruptura -escenificada en público y tras la rueda de prensa de rigor posterior a la reunión de los martes de la Junta de Gobierno Local- y a un pacto con Compromís el pasado mes de julio. Un acuerdo que permitió la aprobación inicial en el pleno. No hay que olvidar que el PP recurrió a Compromís, al negarse de plano a aceptar la elminación de los puntos violeta, con ese nombre y formato, de las fiestas de la ciudad.
La ZBE y la actualización de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de recogida, tratamiento y eliminación de residuos, la que afecta directamente al recibo de la basura de los ciudadanos son dos ordenanzas de peso que de las que se informó de manera simultánea en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local que las aprobó el martes 17 de septiembre; síntoma de que el otoño y meses venideros van a ser muy agitados tanto en el gobierno local y oposición como en los debates que, las dos ordenanzas, han generado en la opinión pública.
En el caso de la Zona de Bajas Emisiones, la ordenanza en cuestión tiene vía libre, puesto que aquí el PP sí que cuenta con el apoyo de Vox. Eso sí, la regulación no prevé restricciones ni sanciones, si bien se implantarán tres anillos para controlar el tráfico en la ciudad, en vez de dos.
El quid de la cuestión están precisamente en ese tercer anillo; esa es la exigencia de Vox; por tanto, el texto pasa de dos anillos a tres y en las siguientes zonas, el primero se circunscribe al Casco Antiguo, el segundo, al centro tradicional y el tercero está delimitado por la circunvalación urbana de la Gran Vía. La novedad es que el Casco Antiguo, que en el texto original dependía del Centro Tradicional, tiene entidad propia y con multas; pero tales multas no son nuevas, puesto que ya existe un perímetro al que solo los residentes del Casco Antiguo pueden acceder, con un permiso municipal, sin ser sancionados.
Hay que tener en cuenta que la ZBE se implanta en ciudades de más 50.000 habitantes para controlar las emisiones de CO2 a la atmósfera, siguiendo la normativa europea al respecto, y que la postura de Vox es firme “no discriminar entre alicantinos que puedan permitirse un coche eléctrico y alicantinos que se vean obligados a moverse por Alicante en patinete o bicicleta, además de no hundir los pequeños negocios”, asegura el portavoz municipal adjunto de esta formación.
En el polo opuesto se sitúan los partidos de izquierda del arco municipal, para quienes la norma, tal y como está redactada, no tendrá ningún impacto en reducir la contaminación, luchar contra el cambio climático o preservar la salud de los ciudadanos.
Tasa de basura
En cuanto a la tasa de basura, el gobierno local asegura que cumple por punto la normativa de la UE, según la cual, aseguran que el los Ayuntamientos están obligados a repercutir en el recibo de la basura el cien por cien del coste del servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos. De ahí que el aumento, en el caso de los pisos que deben pagar menor importe -los de menor tamaño- pasarán de abonar 22,27 euros a un nuevo recibo por 83,62 euros. Para el resto de viviendas se contempla un incremento similar graduado en función de los metros cuadrados de cada vivienda y de su valor catastral.
La fecha límite para aplicar el incremento en el recibo es abril de 2025. Y aquí ha Vox no le tiembla la voz, ni el pulso, a la hora de asegurar que no van a apoyar, ni por tanto a aprobar, lo que denominan “un tasazo” para, agregan, apoyar las políticas de la UE y del Gobierno central, alineadas con la Agenda 2030.
Si el PP, por tanto, no cuenta con el apoyo de Vox tampoco tiene el de los grupos municipales de izquierdas, que se han manifestado en contra de un aumento del recibo de la basura, dado que, argumentan, perjudica a las rentas más bajas y a los colectivos más vulnerables.
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