El Tribunal Supremo tumba la obligación de reservar "taxis" VTC con una hora de antelación en Valencia

El portavoz del equipo de Gobierno municipal del Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero (PP), ha explicado "una más de las pifias jurídicas que nos dejó el gobierno anterior". Ha referido una sentencia del Tribunal Supremo que anula en parte la regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC), es decir, los mal llamados taxis de Uber y Cabify que operan en la ciudad de Valencia.

Concretamente, la sentencia anula los artículos que hacen referencia a la necesidad de reservar estos servicios con una hora de antelación. También deja sin efecto la prohibición de aparcar en la vía pública que afecta a estos coches cuando no están transportando clientes. Por último, también ve como desproporcionado la distancia de 300 metros que estos vehículos deben guardar a la hora de aparcar cerca de los grandes centros emisores de pasajeros como puede ser el aeropuerto o los centros comerciales.

Como ha explicado el portavoz Caballero, "nos toca hacer una revisión porque la normativa no se ajustaba a derecho. Estamos esperando qué nos dicen las técnicos y la asesoría jurídica. No vamos a improvisar". En este sentido, no ha querido adelantar si el Ayuntamiento, que ha sido condenado en costas por valor de 2.500 euros, recurrirá la sentencia.

En otro orden de cosas, el portavoz ha informado de que la Junta de Gobierno ha conocido que el Ayuntamiento sigue bajando el tiempo promedio de pago a proveedores que en diciembre se ha reducido a 18,55 días. Si se incluye a las empresas municipales el periodo es de 19,11 días.

Por otra parte, la Junta ha aprobado también un contrato por valor de 982.000 euros procedentes de los fondos Next Generation para la monitorización de las plazas libras en las zonas de carga y descarga de la ciudad de Valencia, información ésta que será accesible a los usuarios.

Además, se han aprobado catorce expedientes de devolución pago del IAE cobrado en época de pandemia, cuando no se podía abrir ni tener actividad. Concretamente, se han devuelto 36.777 euros.

También se ha adjudicado el servicio de comedor para el colegio municipal Santiago Grisolía por cerca de 900.000 euros con una duración de tres cursos escolares.

Además, se ha resuelto el contrato de restauración de la muralla islámica. Se pone fin así al contrato y se incauta los 111.000 euros de garantía que puso la empresa. En la nueva licitación se incorporará la vivienda islámica que apareció y se incorporará un centro de interpretación de esa zona.

La Junta también ha aprobado financiar con 300.000 euros proyectos de sensibilización con las desigualdades mundiales entre 17 entidades sin ánimo de lucro. Así como destinar 476.000 para dinamizar las artes escénicas de la ciudad.

Caballero ha destacado también la rehabilitación del mercado Rojas Clemente por valor de 396.000 euros para mejorar su entorno, las instalaciones, filtraciones, etcétera. Las obras durarán tres meses.