El Supremo advierte a la Generalitat que actuará por prevaricación si excarcelan a los del “Procés” por el coronavirus

La Generalitat de Cataluña debe medir muy bien sus pasos respecto a la posibildad de excarcelar a los nueve presos del “procés” para que continuén con el cumplimiento de las condenas en sus domicilios por el riesgo de contraer el coronavirus en las cárceles, pese a que todos disfrutan del artículo 100.2 del Reglamento Pentenciario que les permite salir de prisión varios días a la semana para regresar a pernoctar. Y es que el Tribunal Supremo, nada más ha tenido conocimiento de esa posiblidad, le ha advertido muy claramente que de culminar esa pretensión podrían tener que hacer frente a posibles responsabilidades penales por un delito de prevaricación.

En este sentido, la Sala Penal del Supremo, la que sentenció el “caso Procés”, ha decidido que si finalmente las juntas de tratamiento de las prisiones de Lledoners, Mas d’Enric y Puig de les Basses, donde cumplen condena Oriol Junqueras y los otros seis hombres, Carme Forcadell y Dolors Bassa, respectivamenet, acuerdan sus excarcelaciones para cumplir el confinamiento en sus respectivos domicilios, se dirigirá a cada de esas juntas de régimen general y al director/directora de los centros respectivos para que a la mayor brevedad expliquen el fundamento jurídico que justifica esa decisión e identifiquen de forma nominal a los funcionarios que han apoyado ese acuerdo. Ello se enmarcaría en la exigencia de responsabilidades penales por la posible comisión de un delito de prevaricación.

Es decir, el Supremo aprecia indicios de un delito de prevaricación en aquellos funcionarios que avalen con su decisión esas excarcelaciones. De esta forma, la acción penal se dirigiría de forma nominal contra los que apoyasen que salieran de prisón, no contra los integrantes de esas juntas que se manfiestaran en contra.

La Generalitat insiste

Por otro lado, la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, defendió que hay “base legal” para liberar a los presos independentistas durante la emergencia sanitaria y que puedan pasar el confinamiento en sus casas. Budó ha recordado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Estado ha dictado que los presos de tercer grado o aquellos que estén en un régimen “flexible” puedan ir a casa mientras dure el estado de alarma.

Budó ha asegurado que la “base legal” para permitir la liberación de los presos independentistas, así como de otros que estén en tercer grado o bajo la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario -permite flexibilizar la estancia en prisión y salir semanalmente a trabajar-, es la instrucción estatal, dictada el pasado 18 de marzo por Instituciones Penitenciarias. Asimismo, ha pedido al Tribunal Supremo que “dejen trabajar” a las juntas de tratamiento, que deben de decidir qué medidas se toman.