Estado de alarma
Vox se querella contra la directora general de la Guardia Civil por obstrucción a la justicia y represalias
La denuncia también va dirigida contra el secretario de estado de Seguridad por el cese del coronel Pérez de los Cobos
Vox ha presentado una querella contra el secretario de estado de Seguridad, Rafael Pérez y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por Obstrucción a la Justicia, represalias y prevaricación; delitos recogidos en los artículos 464 y 404 del Código Penal, según adelantó la diputada de Vox, Macarena Olona durante la sesión de control del Congreso al ministro del Interior.
La formación relaciona en su escrito el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos con la investigación que realizaba en relación a las manifestaciones del 8-M y la propagación del coronavirus, lo que trajo consigo la posterior dimisión del DAO, Laurentino Ceña.
En dicha querella, Vox pone de manifiesto la relación entre la destitución del coronel Pérez de los Cobos y la emisión del informe solicitado por la Jueza del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, en el que se investigan las concentraciones del 8-M y que afectan directamente al Ejecutivo y al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. El partido que lidera Abascal no da credibilidad a las explicaciones del ministro quien atribuyó el cese a una “pérdida de confianza”.
Vox recoge también algunas publicaciones de los medios de comunicación que apuntan a que el contenido del informe de la Guardia Civil bajo la dirección de Pérez de los Cobos fue “el detonante”. Además, destaca en su querella que el informe en cuestión, según los datos manejados por Fernando Simón como director del Centro de Coordinación de Alertas del Ministerio de Sanidad y por ende el Ministro de Sanidad, datos de los que, apuntan “delegación del Gobierno tuvo conocimiento”, “le pusieron en aviso sobre la gravedad de la crisis, al menos, días antes de las manifestaciones en Madrid.
También destacan que el cese del jefe de la Guardia Civil de Madrid se debió por la negativa de éste a dar información sobre la misión otorgada por el juez, al ser telefoneado por un alto cargo de Interior para solicitarle información sobre las diligencias.
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