El borrado de España: una Ley de Universidades a medida de los separatistas

La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) superaba el pasado 13 de diciembre el necesario trámite parlamentario (con 19 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones) por el cual, tras su paso de nuevo en las próximas semanas por el Congreso de los Diputados y posteriormente por el Senado, será aprobada definitivamente. El ministro de Universidades, Joan Subirats, que heredó con la cartera el borrador de la Ley iniciado y elaborado por Manuel Castells y que contaba con el rechazo tanto de rectores como de alumnos, ha cedido ante algunas de las pretensiones de los grupos nacionalistas y, entre otras cosas, promueve el uso de las lenguas oficiales distintas al castellano, considerándolas “lenguas de transmisión académica” y elimina toda referencia a “nuestro país” o “territorio nacional” (que se sustituye por “Estado”). Agustín Ruiz Robledo, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada, respecto a esto último, recuerda que esta es ya una “tradición” de los partidos nacionalistas, “a la que los partidos estatales vienen cediendo de forma histórica.

Un ejemplo de ello lo encontramos echando un vistazo al articulo 135 de la Constitución. Se trata de una reforma que se realiza para poner freno a la deuda y ya ahí cuando se habla del producto interior bruto, en vez de hablar del “PIB de España” se habla del “PIB del Estado”. Todo esto”, continúa explicando el profesor, “lo comienza Jordi Pujol, que muy inteligentemente empieza a utilizar la palabra “nacional” donde en realidad tenía que decir “autonómico”. Por ejemplo, cuando en 1990 se unen las colecciones del Museo de Arte Moderno y del Museo de Arte de Cataluña, lo llama Museo Nacional de Arte de Cataluña. E invita al Rey a la inauguración. Es lo que él denominaba “construir país”. A partir de ahí, ya todo: Teatro Nacional de Cataluña, Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, Biblioteca Nacional de Cataluña, Archivo Nacional de Cataluña. Todo es nacional de Cataluña. Y, al mismo tiempo que iban ganando esa palabra para Cataluña, intentaban por todos los medios que dejara de utilizarse para España y se sustituyese en este caso la palabra “nacional” por “estatal”. Pero no es algo nuevo de ahora y de este Gobierno. Ya Aznar y Rajoy cedieron a esto e hicieron lo mismo”.

La norma introduce otros cambios significativos. Por ejemplo, deja en manos de las universidades el establecimiento de los requisitos para espiar al cargo de rector, cuyo mandato aumenta de cuatro a seis años y no será renovable. Ya no tendrá que ser funcionario, además. Aumenta la representación estudiantil en los órganos de gobierno y ahora supondrá el 25%, como mínimo, en el claustro, un mínimo del 10% en el consejo de gobierno y del 25% en los consejos de facultad y departamento. Se le reconoce, además, el derecho al paro académico. Se establece que ya no sea únicamente posible el acceso con un título académico, sino que puedan hacerlo además profesionales con experiencia demostrable y acreditada. Se cede también en la Ley ante la enmienda propuesta por Mas País tras la polémica del Colegio Mayor Elías Ahuja por la que exigía impedir que los colegios mayores privados con régimen no mixto puedan adscribirse a una universidad pública. Afirmaba en septiembre Joan Subirats que la ley sería “una ley consensuada”, pero como recuerda y señala Ruiz Robledo, el Consejo de Rectores “no está muy de acuerdo con como está quedando la Ley, aunque después de tantas modificaciones habrá que esperar a ver en qué queda final y definitivamente. Pero de momento no parece que vaya a ser muy consensuada, o bien lo que no se sabe es a qué se refería el Ministro con lo de “consensuada”. A mí, que aquellas declaraciones me dejaron relativamente tranquilo, ahora lo único que veo claro es que la posición de Sánchez es pactar lo que haga falta con los nacionalistas”.

Y es que no solo las claudicaciones en lo referente a las lenguas cooficiales y a la desaparición de las palabras que remiten a España como patria, país y nación son diseñadas ad hoc para los separatistas. Las nuevas medidas por la que se ordena al rector favorecen y que establecen que no sea necesario ser funcionario para acceder al puesto es positiva especialmente para las universidades catalanas, donde la gran mayoría de los profesores mantienen con la universidad una relación laboral no funcionarial. Aunque la ley especifica que estos deben “reunir los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria que determinen los estatutos”, lo cierto es que son las propias universidades, con total autonomía, las que fijaran los requisitos a reunir para ocupar el puesto.

En opinión del catedrático, nuestra actual Ley de Universidades, tiene un gran fallo (“tiene muchos, pero si tuviera que destacar uno”) y es que “se nos ha dado mucha autonomía por un lado (a la hora de decidir plazas, de decidir carreras…), tenemos mucha autonomía de gestión, pero muy poca responsabilidad. Por ejemplo, si hay que sacar una nueva carrera, hay que presentar a las comunidades autónomas. Pero luego es esa Comunidad la que financia la carrera, por lo cual el riesgo empresarial que debería tener un ente autónomo ha desaparecido. Eso hace que las plantillas estén creciendo mucho y que se reclame continuamente a los poderes públicos más financiación. La universidad es demasiado endogámicas, no hemos atinado con los sistemas de contratación. Y en buena medida esto se debe a que el riesgo empresarial ha desaparecido y eso hace que las universidades publicas vayan perdiendo cuota de mercado frente a las universidades privadas y, además, va en detrimento de la calidad de la enseñanza”. Así, todo parece indicar que una reforma de la actual Ley de Universidades es lógica y necesaria (la norma actual, la conocida como LOU, fue aprobada hace 20 años), lo que no queda tan claro es que se vaya a acometer en los aspectos donde parece ser más necesaria.

“Yo lo que creo”, concluye Agustín Ruiz Robledo, “es que sería muy positivo fomentar la introducción de técnicas de competencia. Los Ministerios llevan ya un tiempo haciéndolo con los programas de calidad, con los programas de investigación… Se introducen mecanismos de cierta competencia y yo estoy convencido de que hay que ir en ese sentido, y hacerlo también en las universidades. Si se le da más autonomía, hay que darles también más responsabilidades. Ese es el modelo anglosajón y es el que está funcionando muy bien”.