Cuando el PSOE detenía a los obreros. El fracaso de la Reconversión Industrial en España

Uno de los grandes objetivos del franquismo durante los años 50 y 60 había sido la creación de un tejido industrial. No obstante, esta industria se había situado en su mayoría en las periferias, en regiones tradicionalmente muy desarrolladas. A saber; Asturias, El País Vasco o Cataluña. Este suceso, la acumulación de la industria, favoreció a un doble fenómeno, tal y como recogen los economistas Pablo Díaz y Miguel Ángel Sáez. Por un lado, se creó una fuerte oligarquía industrial, bastante anquilosada y dependiente del Estado. Por otro, los sindicatos ganaron una fuerza regional inusitada, por lo que transformaron esos lugares en feudos desde donde mantener una resistencia constante contra cualquier medida liberalizante.

Estos dos factores resultaron clave cuando, a mediados de los 80, el gobierno socialista de Felipe González comenzase la llamada «Reconversión industrial». La entrada en la Comunidad Económica Europea (CEE) en el año 1986 propició un proceso de supuesta adaptación económica que, en realidad, y por las prisas del gobierno, se transformó en una total aniquilación de la industria nacional de la que aún carecemos. Con el objetivo de adaptar la situación económica del país a las demandas exigidas por Europa, se comenzó un proceso de readaptación y cambio del tejido industrial. El supuesto objetivo era modernizar los motores económicos para superar el más que evidente atraso de nuestra economía, lastrada por unos sistemas anticuados y caracterizados por el paternalismo económico del gobierno. Pese a este aparentemente noble objetivo, existió, en palabras del economista Roberto Centeno, una falta de «valentía política» en todos los ámbitos que acabó con una pérdida de 19 puntos del PIB por parte del sector industrial entre 1975 y 2009.

Por una parte, el PSOE cedió sistemáticamente a cualquier petición europea en nombre de una integración más armoniosa. Lo cual, en realidad, consistió en una falta de defensa de nuestras ventajas comparativas frente al resto de socios europeos. Nuestras fábricas cerraron por la falta de ayudas, alegándose baja productividad, mientras que nuestros vecinos, en especial Francia, se enfocaron en reformar sus sectores estratégicos. Así cayó la construcción de barcos –en un momento en que España era de las principales productoras del mundo– o el tejido nuclear iniciado por el tardofranquismo, paralizando de golpe la construcción de 10 centrales que habrían permitido a España una independencia energética la que, a sazón de lo que ocurre actualmente, nos habría venido bastante bien. Esta paralización benefició a países como Alemania o Francia, con un poder mayor en el contexto político del momento.

Más aún, planes económicamente viables y apoyados internacionalmente, como el famoso Informe Kawasaki, que pretendía la construcción de una gran fábrica en la localidad de Sagunto, fueron rechazados por la presión de los sindicatos y las oligarquías periféricas. El gobierno aplicó una dureza inusitada contra aquellos que no lograron organizarse con suficiente poderío, deteniendo a cientos de trabajadores en huelga o aplicando fuerza letal. Famoso es el caso del astillero de Euskalduna, en Bilbao, donde la policía, bajo órdenes gubernamentales, disparó con metralletas a los huelguistas.

Curiosamente serían aquellos sectores menos productivos, pero con más fuerza política, aquellos que conseguirían resistir. Casos como los Altos Hornos de Vizcaya (AHV), con apoyo sindical y de partidos locales como el PNV, o la minería de carbón en Asturias, fuertemente sindicalizada, aguantaron pese a colapsar por su propio peso años después. El gobierno, apostando por una supuesta paz social en el momento, frenó sus planes de reformas en las industrias menos rentables por miedo a huelgas o problemas electorales. De nuevo, en lugar de defender aquellos sectores donde España podría haber destacado, se recayó en el servilismo político. La alianza de sindicatos y partidos regionales logró organizar huelgas masivas durante varios años, destacando la de 1988, que paralizó de facto cualquier reforma en esos lugares. Esta supuesta «Reconversión» fue un fracaso. Llevó a la calle a más de 83.000 personas y acabó con prácticamente cualquier sector industrial estratégico. Una falta de valentía política por parte del gobierno de González tanto a la hora de exigir condiciones a Europa como de enfrentarse a los poderes sindicales y locales para poder reformar aquellas industrias menos efectivas. Una carencia de arrojo de la actualmente aún pagamos las consecuencias.