Fiscalía, Bartomeu, Rosell y Negreira no quieren que el Barça acuse

La Fiscalía se opone a que el FC Barcelona acuse como perjudicado en el "caso Negreira". El Ministerio Público muestra su "frontal oposición" a esta posibilidad y pide a la jueza instructora que rechace esa pretensión, que ve "incompatible" con la condición simultánea de investigado del club por los pagos al exvicepresidente de los árbitros entre 2011 y 2018.

En las alegaciones que ha remitido a la jueza Silvia López Mejía, la Fiscalía Anticorrupciónno comparte la justificación del Barça para ejercer la acusación, que "el patrimonio del club presuntamente se habría venido administrando indebidamente". Esa afirmación, señala, "no es del todo correcta" dado que esa administración "indebida" se llevó a cabo, recuerda, por los dirigentes del club que estaban "autorizados para tomar decisiones" en el FC Barcelona en nombre de la entidad por sus facultades "de organización y control" en el seno de la misma. Es decir, subrayan los fiscales del caso, la Fiscalía atribuye la posible comisión de un delito de administración desleal "a personas concretas e identificadas", cuya posición en el club "justifica" la condición de investigado del Barça como persona jurídica.

Al igual que la Fiscalía, tanto Enríquez Negreira como la LaLiga y los expresidentes culés Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu se oponen también a la petición del Barça de ostentar la doble condición de investigado y perjudicado (argumentando que el patrimonio del club se habría administrado de forma indebida causando un perjuicio al mismo).

Tampoco José María Enríquez Negreira quiere que la jueza permita al Barça ejercer la acusación como perjudicado, como ha solicitado el club azulgrana, una pretensión que considera "un ejercicio de cinismo".

Negreira: "Un fraude procesal"

Así lo asegura en las alegaciones que ha remitido a la jueza que investiga el pago del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CT) durante casi dos décadas, supuestamente por labores de asesoramiento, aunque la Fiscalía considera que con esos desembolsos pretendía obtener favores arbitrales.

En ese escrito, la defensa de Enríquez Negreira sostiene que aunque "en un plano teórico" es posible ostentar la doble condición de investigado y perjudicado, teniendo en cuenta los hechos investigados, permitir al Barça acusar supondría "un fraude procesal claramente distorsionador del buen fin del proceso", por lo que entiende que esa pretensión debe ser "claramente" rechazada.

Sin perjuicio, añade en ese escrito dirigido el pasado 22 de mayo a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, "de lo que resulte en momento procesal posterior, cuando estén mejor definidos los hechos presuntamente acaecidos".

LaLiga lo ve "prematuro"

La que también se ha pronunciado al respecto es la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP), para la que reconocer ahora al FC Barcelona la condición de perjudicado "resulta prematuro" y apuesta por esperar al resultado de los informes policiales "de índole patrimonial". Y es que, recuerda en sus alegaciones, aunque la entidad que preside Joan Laporta se considera una víctima del exvicepresidente de los árbitros, el propio club ha defendido "la existencia de la prestación real y efectiva de un servicio".

Al igual que ha hecho la defensa de Josep Maria Bartomeu, que ejerce el letrado José María Fuster Fabra, Sandro Rosell se ha opuesto a la pretensión del club azulgrana. Su abogado hace hincapié en que Laporta, en una mediática rueda de prensa, defendió que se pagó a Negreira por la prestación de servicios reales de asesoramiento deportivo.

"El propio club defiende la inexistencia de daño patrimonial alguno derivado de las conductas investigadas". De ahí que, a juicio de su defensa, resulte "abiertamente contradictorio que el propio club defienda la existencia y realidad de la prestación de los servicios de asesoramiento deportivo y, a su vez, pretenda personarse en las actuaciones como acusación particular", lo que califica de "insólito" y que achaca a una "estrategia para reforzar su tesis de defensa".

Para Pau Molins, abogado de Rosell, no es "muy coherente" que el Bará se presente como perjudicado cuando Laporta pagó durante sus dos mandatos anteriores (entre 2003 y 2010) los informes arbitrales "por los que ahora pretende personarse como perjudicado".