La juez aplaza a septiembre los interrogatorios a Bartomeu, Rosell y la mujer y el hijo de Negreira

La juez Alejandra Gil, que investiga los pagos de más de siete millones de euros por parte del club blaugrana entre 2001 y 2018 a José María Enríquez Negreira cuando era vicepresidente de los árbitros- ha aplazado a septiembre las declaraciones de los principales investigados, previstas en un principio para el próximo junio.

En una providencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN la magistrada de Barcelona acuerda que esas comparecencias se lleven a cabo el 18 de septiembre. En los juzgados están citados ese día los expresidentes del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell; Ana Paula Rufas y Javier Enríquez, mujer e hijo de Negreira, respectivamente; y los exdirectivos azulgranas Albert Soler y Oscar Grau.

Según fuentes jurídicas, el aplazamiento está motivado por la coincidencia de las fechas anteriores (el 17 y el 30 de junio) con señalamientos procesales anteriores de varios abogados.

La magistrada -que sustituyó del anterior instructor Joaquín Aguirre tras su jubilación- acordó la citación de los investigados para evitar dilaciones en la tramitación de la causa. No en balde, hasta ahora el único imputado que ha comparecido ante en los juzgados es José María Enríquez Negreira.

En esa misma resolución, Gil amplió seis meses más el plazo de la investigación ante la necesidad -exponía- de indagar en el "rastreo del dinero", y en previsión de tener que llamar a nuevos testigos tras las declaraciones de los imputados, con el objetivo de "corroborar, por ejemplo, la versión que sobre determinados hechos puedan dar los investigados".

Algunos de los principales investigados han recurrido esa resolución ante la Audiencia Provincial de Barcelona, al considerar que la juez tomó la decisión fuera de plazo, una apelación que de prosperar podría acarrear el archivo del procedimiento, sobre todo si cuando la Sala decide al respecto aún no han declarado los investigados.

En paradero desconocido 3,2 millones

La Guardia Civil advirtió en uno de sus informes de que los pagos del Barça a Negreira y su entorno (algunos canalizados a través de empresas de su hijo) presentan "una opacidad económica significativa" que implica una "dificultad para rastrear el flujo real de los fondos". De hecho, según los investigadores no se ha podido precisar "el motivo real por el que se efectuaron los pagos" y el destino de al menos 3,2 millones sigue siendo un misterio, una línea de investigación en la que quiere ahondar la instructora.

Gil investiga la supuesta comisión de delitos de cohecho, corrupción en el deporte, administración desleal y falsedad documental a raíz de los pagos efectuados por el Barça a Negreira y su hijo, Javier Enríquez. Ambos están imputados, al igual que el club azulgrana como persona jurídica, y sus antecesores Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, entre otros. La Audiencia Provincial de Barcelona archivó la causa contra el actual presidente blaugrana, Joan Laporta.

La Unidad Central Operativa (UCO) señaló en un informe el pasado diciembre que los pagos del Barça a Negreira se duplicaron sin causa justificada durante el primer mandato de Laporta (2006-2009) -pasando de 67.625 euros en 2004 a 364.954 en 2008- y bajo la presidencia de Sandro Rosell de 2010 a 2013 (sumando en 2010 777.607 euros).

Ese dictamen, adelantado por LA RAZÓN, indica que entre el FC Barcelona y las sociedades vinculadas al exvicepresidente de los árbitros y su entorno subyacía "un patrón claro de transferencias financieras" y fija el montante de los pagos en 8,3 millones de euros, bajo los cuales advierte una "intención deliberada y fraudulenta de obtener beneficios no justificados".

La Guardia Civil pone en entredicho en ese informe la imparcialidad de las evaluaciones del Comité Técnico de Árbitros (CTA) controlado por Negreira. Y es que este utilizaba como "intermediario financiero" al entonces informador arbitral del CTA José Martínez Alfonso (amigo del ex "número dos" de los árbitros y antiguo linier).

Para el Instituto Armado, resulta "incongruente" que por un lado se encargaba de retirar cheques de empresas de Negreira y su entorno y "simultáneamente" ejerciera esas funciones para el CTA, "demostrando una existencia de subordinación respecto al entonces vicepresidente arbitral.